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Anticorrupción pide a Alaya que divida el caso y mande la parte de los aforados al Supremo

Responde así al requerimiento de la magistrada para que se pronunciara acerca de qué tribunal tenía las competencias para interpelar a los aforados, dado que ella consideraba ya agotadas las diligencias sobre ellos.

CECILIA CUERDO

La Fiscalía Anticorrupción ha aclarado a la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía que debe remitir la parte referida a los altos cargos públicos señalados en la causa al Tribunal Supremo, por tratarse de aforados. E insiste de nuevo en que la macrocausa debería ser dividida en piezas separadas para simplificar y agilizar la instrucción y los posteriores procesos judiciales.

En un escrito presentado hoy ante el juzgado de instrucción 6, Anticorrupción repite el planteamiento que le lleva formulado en reiteradas ocasiones: despiezar la causa en piezas separadas de forma que "mediante la utilización racional y eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia permitan concluir en un plazo razonable la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa". De esta forma, se pronuncia a favor de que se remita al Alto Tribunal sólo la parte referida al denominado "procedimiento específico", que analiza la implantación en el seno de la administración autonómica de un sistema inadecuado para pagar durante una década ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones, que acabó provocando importantes desviaciones presupuestarias. Es esta pieza en la que están señalados precisamente los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, éste por su responsabilidad como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y otros cinco ex consejeros del Ejecutivo andaluz.

Anticorrupción responde así al requerimiento de la magistrada para que se pronunciara acerca de qué tribunal tenía las competencias para interpelar a los aforados, dado que ella consideraba ya agotadas las diligencias sobre ellos. Y es que ser diputados autonómicos, en el Congreso o el Senado, las competencias se repartían entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La petición de la juez Alaya se interpreta como el paso previo a que de carpetazo a la instrucción después de cuatro años, dado que una vez que se inhiba perderá la capacidad para llevar a cabo nuevas diligencias. De hecho, fuentes judiciales aseguran que la magistrada ya tiene preparado la "exposición razonada" que justifica su inhibición, unas 300 páginas, y ha pedido a la Administración autonómica cajas para poder remitir el sumario -más de 300.000 folios- al alto tribunal que asuma la investigación.

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