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BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Piden un año de prisión a la hermana de Gil Silgado por no alimentar a 28 caballos

Los equinos, propiedad del empresario sevillano, fueron hallados desnutridos por la Guardia Civil en una finca de Bollullos de la Mitación

Estado en el que se encontraba uno de los caballos hallados en la finca de José María Gil Silgado ABC
María Jesús Pereira

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Hoy se celebra en el Juzgado de lo Penal 5 de Sevilla un juicio contra la hermana de José María Gil Silgado por un delito de maltrato animal doméstico, por el que la Fiscalía le pide un año de prisión y una indemnización para la Junta de 11.282 euros, siendo el empresario responsable subsidiario en caso de que su hermana sea condenada. La acusada, defendida por el letrado José María Carnero, ha pedido su absolución al alegar que los caballos son propiedad de Toros de los Guateles, una empresa de su hermano, y que la responsabilidad de los mismos es por tanto de José María.

En su escrito de acusación, la Fiscalía indica que José María Gil Silgado concedió amplios poderes para administrar la sociedad Toros de los Guateles a su hermana, quien -dice- además tuvo desde marzo de 2014 poderes para gobernar toda clase de bienes del empresario, «incluidos semovientes».

El Ministerio Fiscal entiende que durante el año 2014 «la acusada se desentendió de la alimentación y cuidado de los caballos que había en la explotación equina que aquella empresa tenía en la finca Rebujena Alta, del término de Bollullos de la Mitación». La Fiscalía afirma que ella no proporcionó dinero ni alimentos a la persona a la que se le había encargado los equinos, lo que «causó gran sufrimiento al los animales y una consiguiente degradación física grave».

La Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Sevilla, dependiente de la Junta de Andalucía , instó a la acusada en marzo de 2014 para que se ocupara adecuadamente de los animales, «dado el mal estado de carnes que presentaban once de ellos». Como no mejoró la situación, la Guardia Civil recibió en agosto de 2014 una denuncia anónima dando cuenta del penoso estado de los caballos y de la muerte de algunos de ellos. El 26 de agosto de 2014, la Guardia Civil, asistida de un veterinario oficial, comprobó que « en la finca había 28 callos, la mayoría de ellos en mal estado de desnutrición y salud, y 6 de ellos en pésimo estado sanitario».

Extrema delgadez

Asimismo, el Seprona descubrió «que habían tratado de incinerar el cadáver de uno de los caballos muertos». El informe del veterinario confirmó que «los animales no habían recibido ningún tratamiento veterinario desde el mes de febrero; y la falta de alimento por tiempo prolongado les produjo extrema delgadez, degradación total de la musculatura, lesiones cutáneas, estando cuatro de ellos en estado irrecuperable».

De no haber sido por la intervención de la Guardia Civil y la vigilancia de la OCA de la Junta, «los caballos hubieran muerto por desnutrición. De hecho, pese al rápido tratamiento y alimentación instaurado por la autoridad pública, la degradación orgánica que ya había padecido uno de los caballos le provocó su muerte en mayo de 2015».

El Juzgado de Instrucción 3 de Sanlúcar la Mayor, que instruyó la causa, acordó urgentes medidas cautelares para la protección de los caballos, incluida la venta de algunos cuando fue posible para aminorar gastos a la Administración y, sobre todo, su cuidado veterinario y alimentación para tratar de recuperarlos, lo que provocó a la Junta un gasto de 10.682 euros durante los tres meses de intervención, así como 600 euros por la retirada de cadáveres.

Defensa

El abogado José María Carnero alegará hoy en el juicio que su defendida, la hermanada de Gil Silgado, vivía circunstancialmente en esa finca cuando la Guardia Civil hizo la inspección, y esgrimirá que el responsable de los caballos era el propietario, que en ningún momento le indicó que los alimentara cuando se ausentó de Sevilla. Por otra parte, la acusada señalará en su defensa que cuando la Junta la nombró depositaria judicial de los caballos los alimentó con dinero propio y que gracias a ello los caballos se recuperaron y pudieron venderse, muriendo sólo uno de ellos. José María Gil Silgado está hoy citado en el juicio como responsable civil subsidiario.

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