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Una sentencia previsible Manuel Marín

Ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ni ninguna otra acusación salvo la ejercida por un colectivo fraudulento como Manos Limpias solicitaba una condena penal para la Infanta Cristina, más allá del reconocimiento de su responsabilidad civil

La sentencia dada a conocer por la Audiencia de Palma de Mallorca tenía un alto grado de previsibilidad. Ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ni ninguna otra acusación salvo la ejercida por un colectivo fraudulento como Manos Limpias solicitaba una condena penal para la Infanta Cristina, más allá del reconocimiento de su responsabilidad civil en los delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín. Por tanto, difícilmente podría el Tribunal aceptar la imposición de sanciones penales para una persona a la que no reconocían vulneración alguna del Código Penal. Es más, la condena a Manos Limpias del pago de las costas del proceso revela lo que jurídicamente se conoce como «mala fe» en su acusación por abusiva.

Tanto respeto como mereció en su día el juez instructor, José Castro, cuando decidió en el ejercicio de su autonomía, independencia y libertad en un Estado de Derecho, sentar a Doña Cristina en el banquillo, merecen hoy las tres magistradas que unánimemente han absuelto a la Infanta. Es evidente que la interpretación de las leyes y normas de nuestro ordenamiento jurídico tiene un camino de ida y vuelta, y que las discrepancias jurídicas entre instructores y juzgadores merecen el más absoluto respeto. Por eso cobra sentido ahora elogiar ahora la capacidad del Tribunal de permanecer ajeno al ruido mediático, al populismo justiciero tan demoledor para nuestra democracia, y su capacidad para dictar una sentencia en absoluta libertad. La misma que tuvo el juez Castro durante toda su investigación, que probablemente lleve a prisión, por primera vez en nuestra historia, a un yerno del Rey.

Los abusos e ilegalidades cometidos en torno a Nóos eran un clamor escandaloso y merecedor a una acción severa de la Justicia. Sin duda. El debate sobre la proporcionalidad de las penas en comparación con otros delitos y conductas, y penas acumulativas de prisión, es harina de otro costal. Pero convendrá abrirlo cuanto antes para que la sociedad no termine apartándose más de una concepción desequilibrada de nuestra Justicia penal. Queda en el debe de nuestra democracia.

Pero conviene preguntarse por qué hay tanta diferencia entre el criterio jurídico de un instructor y el de un tribunal. O entre la evaluación penal de una acusación popular y la de la Fiscalía o el propio Estado. Las penas impuestas están muy debajo de las iniciales peticiones, y es razonable que la ciudadanía se pregunte las razones de ello. Sin embargo, solo cabe respeto para una sentencia que en cualquier caso será revisada por el Tribunal Supremo. A priori, y conocidos muchos otros antecedentes, parece lógico pensar que Urdangarín y su socio ingresen en prisión de modo automático e inmediato, en la medida en que sus sanciones superan los seis años de prisión. El Estado de Derecho no es infalible, y siempre será perfectible. Pero para quienes asumen como un mantra la inmunidad e impunidad de la élite, tienen en esta sentencia un argumento en contra. La condena judicial a un yerno del Rey emérito, más allá de su severidad, es un hito. Triste hito para nuestra democracia, pero demostrativo de que el Estado de Derecho funciona cuando se le vulnera con conductas indecentes y abusivas.

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