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LA ABERCA

El pacto anti Alaya

Las confesiones de la juez revelan que los andaluces no sólo somos pobres, también esclavos

Alberto García Reyes

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Mercedes Alaya vio «cosas asombrosas» durante su investigación de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, pero se la quitaron del medio. En la rotunda entrevista que le ha hecho en este periódico María Jesús Pereira, que ha dado una lección de periodismo por derecho a quienes están todo el día pontificando sin tocar pelo, la juez asegura con apabullante naturalidad que hubo un pacto entre el PP y el PSOE para dar carpetazo al caso. Alaya estaba incomodando demasiado a los políticos y, según su descarnada confesión, alguien se entretuvo en engañarla para que se fuera a la Audiencia. No interesaba. Había que maniobrar para eliminarla del paisaje. Todos tenían algo que ganar si la perdían de vista. Y por eso todos votaron a favor de su ascenso. Ella lo lamenta ahora públicamente, pero no es una pataleta. Los datos están ahí. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial que representaban a los que entonces eran los principales partidos españoles coincidieron en su votación. Alaya tuvo que marcharse. Todo lo demás, ya lo sabemos. Y da asco, miedo y vergüenza.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, que tanto había criticado las supuestas relaciones de la juez con el PP y su falta de independencia, fichó como consejero de Justicia a un fiscal de larga trayectoria en Andalucía. Los titiriteros funcionan así. Susana incluso presionó al CGPJ, según asevera la entrevistada sin pestañear. Luego, bajo el mando de Emilio de Llera, llegó la juez María Núñez Bolaños, su amiga personal. Y en unos meses los cursos de formación habían desaparecido de la actualidad del juzgado, gracias fundamentalmente a que el PP cambió de abogados -los que llevaban el tema eran demasiado buenos- y dejó pasar el toro mirando para el tendido.

Ese «pacto anti Alaya» que todos sospechábamos, pero que ahora ha confirmado la propia protagonista en una valiente entrevista, es la confirmación de que Andalucía es un régimen de aguas estancas en el que todos están cómodos con su papel: el PSOE mandando y el PP contemplando. Ahora veremos cómo ambos partidos, y sus portavoces mediáticos, atacarán a Alaya por haber hablado en pleno juicio de los ERE sobre una causa que ella instruyó y reclamarán, disfrazados de dignos, una independencia judicial que ellos mismos se han encargado de reventar por dentro. Acusarán a la juez de intervenir en el proceso exactamente quienes de verdad intervinieron en él. Y nadie se ruborizará por las revelaciones de una mujer que ha estado años aguantando presiones infames y, sin embargo, jamás ha abierto la boca. Le discutirán su opinión sobre la gravedad de los delitos de prevaricación y negarán todas las acusaciones que hace una profesional acreditada sin dar un solo rodeo. Pero los andaluces ya sabemos que nuestra clase política es un insulto a la democracia porque ha pactado contra la división de poderes. Hemos descubierto, gracias a Alaya, que además de pobres también somos esclavos. Hasta ahora sabíamos que nos habían robado nuestro dinero. Ya sabemos que también nos han robado nuestra libertad.

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