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tribunales

La juez imputa a otras dos personas por la muerte de la familia intoxicada en Alcalá

Se trata de un socio y un trabajador de la chatarrería de la que Enrique Caño obtuvo los tapones contaminados que resultaron mortales

La juez imputa a otras dos personas por la muerte de la familia intoxicada en Alcalá efe

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La juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha imputado a otras dos personas por el reciclaje de tapones de plaguicida que provocó la muerte el pasado 14 de diciembre de 2013 de tres miembros de una familia de Alcalá tras una intoxicación inhalatoria con fosfina , con lo que ya hay cuatro personas imputadas en la causa, han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Hasta el momento, cabe recordarlo, la juez había imputado al encargado de la chatarrería Reciclados Nivel, Pedro Antonio G.C., y a la encargada de la empresa de gestión de residuos peligrosos, María Rosa S.M., mientras que ambas empresas también habían sido imputadas como personas jurídicas.

La juez les atribuye un presunto delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente por no reciclar de manera adecuada unos botes de plaguicida que en diciembre pasado causaron la muerte al matrimonio compuesto por Enrique Caño, de 61 años de edad, y Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años.

Pues bien, las fuentes consultadas han precisado que la juez ha dictado una resolución en la que imputa a un trabajador de la empresa de gestión de residuos mencionada y a un socio de la chatarrería.

Citados a declarar

La juez ha citado a declarar el próximo día 24 de septiembre tanto a los dos nuevos imputados como a María Rosa S.M., cuya declaración, prevista para el pasado mes de julio, fue suspendida debido a que su defensa había recurrido su imputación en el caso. Ese mismo día, la juez ha citado a declarar a tres testigos.

El único imputado que ha comparecido hasta el momento ante la juez -el pasado 21 de julio- ha sido el responsable de la chatarrería, Pedro Antonio G.C., quien en su declaración aseguró que desconocía que la partida de 1.000 kilogramos de botes de fosfuro de aluminio que le llegó procedente supuestamente de la empresa de gestión de residuos estuviera contaminada, pues «no sabía que tuviera elementos tóxicos y pensaba que los envases eran de aluminio».

En la causa se han personado como acusación particular tanto la hija de 13 años del matrimonio fallecido que sobrevivió como sus tíos.

La investigación trata de aclarar si los botes de fosfuro de aluminio fueron vendidos con sus respectivos tapones a la chatarrería y cómo llegaron dichos tapones a la vivienda de la familia de Alcalá de Guadaíra, barajándose como hipótesis que esta empresa pudiera haber pagado con tapones al cabeza de familia, Enrique Caño, a cambio de chatarra. Los tapones, finalmente, aparecieron en el cuarto de baño de la familia fallecida.

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