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Tribunales

Un funcionario municipal de Lora reconoce haber cobrado miles de euros en nóminas falsas

La Fiscalía les pide a él y a otro compañero cinco años y medio de cárcelo por crear miles de nóminas ficticias para hacerse con más de un millón de euros

ABC

La Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido en la mañana de este martes el inicio del juicio contra dos trabajadores municipales del Ayuntamiento de Lora del Río acusados de apropiarse de 1.080.203 euros de las arcas municipales a través de miles de nóminas ficticias que elaboraron y cobraron, hechos por los que la Fiscalía solicita para cada uno de ellos cinco años y medio de cárcel.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Ministerio Público solicita para los dos trabajadores, identificados como A.M.L.G. y M.P.C. y que eran encargados del área de personal , cinco años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, ya que los hechos se habrían producido entre los años 1996 y 2011 , cuando fueron detenidos .

En la primera jornada del juicio celebrado este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, uno de los acusados, que habría desviado a su favor 143.896 euros, ha reconocido los hechos, mientras que el otro acusado, que se habría apropiado de 936.308 euros , se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Hoy también han declarado en la vista oral el exalcalde de Lora del Río Francisco Javier Reinoso (PSOE), el interventor municipal, agentes de la Guardia Civil y el director de la sucursal bancaria donde eran ingresados los fondos desviados, mientras que en la jornada de este miércoles se presentarán las conclusiones finales por cada una de las partes personadas.

El trabajador que se habría apropiado de los 144.000 euros consignó antes de la celebración del juicio un total de 22.000 euros , mientras que el otro acusado depositó 20.400 euros , por lo que el Ministerio Público les ha aplicado la atenuante de reparación del daño, han indicado las fuentes consultadas por Europa Press.

En esta causa también está personado el Ayuntamiento , que solicita diez años de prisión y seis de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público para uno de los acusados, así como nueve años de cárcel y otros seis de inhabilitación para el restante acusado. Igualmente, el Consistorio solicita para ellos la imposición de una responsabilidad civil de 1.080.997 euros más los intereses devengados y las costas del procedimiento judicial.

Los dos trabajadores fueron imputados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lora del Río por simular o alterar contrataciones públicas para cobrar, con cargo al Ayuntamiento, nóminas ficticias. Esta práctica se habría prolongado durante 15 años y, gracias a ella, estos trabajadores públicos se habría apropiado de 1.080.203 euros de las arcas municipales.

«Abusaron de la confianza»

De su lado, el Tribunal de Cuentas , en un acta de «liquidación provisional» de las actuaciones preliminares incoadas sobre el asunto, consideraba que los empleados públicos involucrados en el caso son «responsables» de un « presunto ilícito de alcance contable » y que «abusaron de la confianza depositada» en ellos.

En este documento, el Tribunal de Cuentas consideraba acreditado «el desvío de fondos municipales destinados a gastos de personal, dirigiéndose a cuentas personales cantidades correspondientes a contrataciones de personal simuladas o realizadas por jornadas superiores a las realmente prestadas".

La titularidad de las cuentas bancarias donde eran ingresados los fondos desviados, según constata el Tribunal de Cuentas, «correspondía» a A.M.L.G. y M.P.C. «y a sus respectivas esposas », quienes también fueron imputadas aunque finalmente no han sido juzgadas al considerar que no tenían conocimiento de los hechos delictivos cometidos por los acusados.

Expedientados

La institución, además, consideraba de manera provisional que sobre el exalcalde de Lora del Río y sobre el interventor y el tesorero del Ayuntamiento pesaría una « presunta responsabilidad subsidiaria » a cuenta de «los escasos controles» existentes.

Igualmente, el Tribunal de Cuentas daba cuenta de que en junio de 2011, M.P.C. renunció «voluntariamente» a su relación laboral con el Ayuntamiento y A.M.L.G. estaba afectado por un decreto de Alcaldía emitido en septiembre de 2011, prolongando su suspensión de empleo y sueldo hasta la finalización del procedimiento judicial, dado que el Ayuntamiento emprendió contra ambos trabajadores expedientes disciplinarios con sus respectivas medidas al ser descubiertos los acontecimientos.

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