El Gobierno municipal teme el deterioro que puedan sufrir las instalaciones mientras estén cerradas
El Gobierno municipal teme el deterioro que puedan sufrir las instalaciones mientras estén cerradas - A.M.
Instalaciones deportivas

El Ayuntamiento inicia la resolución del contrato con Sato Sport

Para recuperar unas instalaciones deportivas de primer nivel que costaron 7,8 millones de euros

Alcalá de GuadaíraActualizado:

El Ayuntamiento ha iniciado, con la aprobación en el Pleno municipal, la tramitación para resolver el contrato de concesión de obra pública a la empresa Sato Sport que ha gestionado desde 2007 el gimnasio que construyó en la zona de El Zacatín y que cerró el pasado 31 de octubre de forma unilateral, sin llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento.

Se inicia de esta forma un expediente que tiene como finalidad que la administración local se haga con las instalaciones del gimnasio para posteriormente definir como volverá a ponerlas en uso. Por ahora no ha definido si su intención es gestionarlas directamente o si realizar una nueva concesión a otra empresa. Los cálculos del gobierno municipal es que en febrero o marzo puedan disponer ya de las mismas. Actualmente no pueden acceder a ellas por tratarse de una propiedad privada hasta que se resuelva el contrato. El Ayuntamiento tiene prisa porque así ocurra ya que quiere evitar el deterioro que pueden sufrir unas instalaciones ahora cerradas y sin uso.

Pero existe la posibilidad de que la cuestión se alargue ya que la empresa, Sato Sport tiene derecho a presentar alegaciones y ya ha anunciado su intención de presentar una demanda judicial contra el Ayuntamiento por valor de 6 millones de euros, cifra en la que estiman el valor actual de las instalaciones.

El Ayuntamiento he elaborado un completo informe jurídico para argumentar la resolución del contrato. En él se expone que el concesionario «en ningún caso» puede decidir por sí mismo la finalización del contrato con el Consistorio que tiene fijado como duración un periodo de 50 años, a contar desde el 18 de febrero de 2002.

Entre los argumentos de la empresa figura que el desequilibrio económico que le ha supuesto la gestión de las instalaciones que, afirman, siempre han sido deficitarias. Un planteamiento al que responde el informe jurídico municipal al manifestar que el contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista, de tal forma que la administración no puede hacerse responsable de la marcha del negocio para compensar los déficit.

Sobre este planteamiento, el Equipo de Gobierno considera que «las empresas privadas deben ser conscientes de las contingencias propias del negocio que emprenden, porque  socialmente no es admisible que cuando una concesión aporte beneficios éstos sean exclusivos para estas entidades privadas, mientras que cuando arrojan pérdidas pretendan que sean asumidas en exclusiva por las arcas públicas».

El Ayuntamiento además determinará «en el momento procesal oportuno, la indemnización que deba satisfacer el concesionario  al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que le hubiere causado». Y es que un informe de la Policía Local pone de manifiesto que la falta de vigilancia y protección de las instalaciones pueden provocar que el saqueo de las instalaciones hasta hacerlas completamente inservibles.

Están en juego unas instalaciones perfectamente equipadas y de primer nivel. Ocupan una superficie de  6.500 metros cuadrados. La inversión fue de 6,6 millones de euros y de 1,2 para instalaciones y mobiliario. Cuenta con piscina cubierta, pistas exteriores, spa, hidromasaje, sauna finlandesa, fisioterapia o solárium. Según la empresa, el gimnasio está libre de cargas, al día, respecto a pagos de proveedores y sin deudas con la Hacienda Pública ni la Seguridad Social.