TOMARES

La Fiscalía solicita el archivo del caso de los supuestos informes falsos denunciados por IU

Considera que no se puede probar que Juan Antonio Campos realizara una «actividad fantasma» en ese Ayuntamiento

El Supremo ya archivó la causa contra el alcalde de la localidad, José Luis Sanz, al considerar que no hubo prevaricación

Eloy Carmona es uno de los concejales del PP que figura como investigado en la causa
Eloy Carmona es uno de los concejales del PP que figura como investigado en la causa - JUAN FLORES

La Fiscalía ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla proponiendo el sobreseimiento de las actuaciones que se abrieron por la contratación de informes externos por parte del Ayuntamiento de Tomares a Juan Antonio Campos. Según la Fiscalía, que al principio calificó los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación y malversación, «no resulta acreditado suficientemente la comisión de los delitos investigados».

La investigación judicial se originó en 2013 a raíz de una denuncia ante la Fiscalía del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Tomares, que aseguró que el Consistorio cometió irregularidades al contratar a Juan Antonio Campos para labores de asesoría y consultoría, facturándole distintas cantidades al Ayuntamiento entre los años 2007 y 2011. La Fiscalía presentó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, resultando investigados el alcalde de la localidad, José Luis Sanz, así como tres concejales del PP (Eloy Carmona, Pilar Domínguez y Mercedes Fuentes) y el trabajador Juan Antonio Campos. En la causa están personados Izquierda Unida y el Partido Andalucista.

En 2015, el Tribunal Supremo, al que había elevado la causa el juzgado de Instrucción por ser José Luis Sanz aforado, archivó la causa contra el alcalde al no apreciar indicios relevantes de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según el informe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, contrató a Juan Antonio Campos Jabalquinto en 2007, siendo la duración del contrato de un año y fijándose unos honorarios de 975 euros mensuales fijos y 150 euros por la elaboración de cada informe que revistiera especial complejidad. Esa relación se prorrogó durante los años 2008 y 2009. A partir de 2010 se firmó contrato entre el alcalde y una empresa para la supervisión del Plan E 2010. La empresa en cuestión terminó contratando a Juan Antonio Campos para esa labor.

La Brigada de la Policía Judicial concluyó que los informes que hizo Juan Antonio Campos carecían de complejidad, tratándose de escritos de casas líneas, muchos de ellos consistentes en fotografías. Además, entrevistó a concejales, funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento para recabar información sobre el trabajo que desempeñó Campos, pero finalmente concluyó que «de las declaraciones referidas y las contradicciones que se observan entre unas y otras, este Ministerio no puede concluir con la certeza que requiere formular una acusación, que la actividad laboral de Juan Antonio Campos en el Ayuntamiento fuese una actividad fantasma, que no se realizase realmente, y por ende que recibiera una retribución del Ayuntamiento por unos servicios que se ignoran».

Sobre los informes que habría realizado Campos, la Fiscalía dice que «sólo se puede afirmar de forma certera la elaboración de un informe con posteridad y con la finalidad de engañar u ocultar la realidad a la oposición, el relativo a daños en el parque Félix Rodríguez de la Fuente, por cuanto se incorpora al mismo una fotografía que se tomó el 5.9.2012, siendo que se fecha el informe el día 22.7.09». Para la Fiscalía, «si bien esos hechos deberían suponer depurar responsabilidades políticas por quien en el momento de los hechos era concejal de Urbanismo, no son constitutivos de delito».

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