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Política

El PP de Bormujos denuncia a dos concejales socialistas por presunta prevaricación en un contrato

Acusan a Rafael Díaz y a María del Carmen Garfia de pasar por alto reparos de la Intervención

Los ediles del PP de Bormujos presentaron la denuncia en el juzgado ABC

N.Ortiz

El PP de Bormujos ha llevado al juzgado una denuncia contra dos miembros del equipo de gobierno local. En ella, se acusa al delegado de Economía, Hacienda y Comercio, Rafael Díaz, y a la delegada de Educación, Igualdad y Obras y Servicios, Mª Carmen Garfia, de prevaricación por haber avalado la contratación y el pago a una empresa saltándose los reparos que la Intervención había puesto al procedimiento.

Según se especifica, esta empresa fue contratada por primera vez en diciembre de 2015 para cubrir puestos Delegación de Obras y Servicios Públicos estaba falta de personal por bajas médicas y periodos de vacaciones. El informe de un técnico municipal constató que su oferta, de 17.725 euros con IVA, era la más ventajosa para el Consistorio. Dos meses después, en enero, se aprueba que la misma empresa continúe prestando el servicio durante un mes con un coste de 11.013,94 euros. Es entonces cuando la interventora del Ayuntamiento emitió un informe advirtiendo que, debido a «una continuidad en la prestación del servicio», se debe acudir al procedimiento de contratación habitual.

Sin embargo, y pese a las advertencias técnicas, la delegada de Obras y Servicios firmó el pago de la factura. En un pleno posterior, en el que se preguntó por el caso, la interventora dejó claro a que el reparo se debía a que «elude el procedimiento de contratación».

Rédito electoral

Desde el equipo de gobierno se muestran convencidos de que el proceso se realizó correctamente, y aseguran que «no saben exactamente» a qué se debe la denuncia, ya que aún no han recibido notificación oficial . Además, aseguran que el objetivo del PP es sacar rédito electoral.

No es la primera vez que esta misma empresa se convierte en protagonista de las disputas municipales. Mercedes Lidueña, portavoz municipal del PP, afirma que ya fue contratada en septiembre para regular el tráfico a la entrada de los colegios , y destaca la opacidad del proceso, ya que terminó subcontratando a otra empresa, propiedad del hermano del concejal de Hacienda, Rafael Díaz.

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