Virginia Pérez, presidenta de los populares de la provincia anuncia la nueva iniciativa
Virginia Pérez, presidenta de los populares de la provincia anuncia la nueva iniciativa - ABC
Tribunales

El PP vuelve a llevar al Parlamento el cese del director general de Empleo que aún sigue en su puesto

La Cámara andaluza instó en 2016 al Gobierno que prescindiera de Rafael Moreno, investigado por acoso laboral

SEVILLAActualizado:

El nombramiento del director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta, Rafael Moreno, vuelve a ser motivo de debate en el Parlamento de Andalucía dos años después de acceder al cargo. El PP va a presentar una iniciativa «para preguntar a la Junta cuándo va a cumplir con lo que se aprueba en el Cámara autonómica», señalaba este miércoles la presidenta provincial de los populares, Virginia Pérez.

Pérez se refiere a la proposición no de ley (PNL) que salió adelante en febrero del año pasado en la Comisión de Empleo por la cual el Parlamento instaba al Gobierno a que cesara de manera inmediata a Rafael Moreno del cargo de director general. La PNL que presentó el PP entonces «contó con el voto a favor de Podemos, la abstención de Ciudadanos y la negativa del PSOE», que se quedó sólo en la defensa de Rafael Moreno. El cese solicitado se argumentaba por que el exalcalde Huévar acumulaba ya tres condenas y acababa de ser denunciado.

A pesar de que se instó al Ejecutivo andaluz a que prescindiera del director general, no hubo ningún movimiento en este sentido. «Desde el PP de Sevilla pedimos a Susana Díaz que ponga cordura en todo este asunto y deje de amparar a este señor que según su currículum parece estar más afanado en acumular y realizar actos que no son amparados por la ley que por gestionar y trabajar por las políticas de empleo de nuestra tierra».

ABC informaba este martes de que la juez que investiga por acoso laboral a Rafael Moreno lo había citado para que preste declaración el próximo 12 de diciembre. Será la primera vez que comparezca en este asunto derivado de una denuncia de un policía local ya retirado por unos hechos que se habrían cometido cuando el actual director general era regidor de la pequeña localidad aljarafeña.

Otros precedentes

No es la primera vez que la Cámara andaluza insta al Gobierno para que cese a un alto cargo de la Administración. Así ocurrió en 2014 con el entonces secretario general de Universidades, Francisco Trigueros, cuya petición de cese fue aprobada en 2014 y no fue hasta el año siguiente cuando Susana Díaz ordenaba su salida por sus problemas judiciales.

En el caso del exconsejero de Justicia, Emilio de Llera, el Parlamento lo reprobó, una fórmula distinta a la PNL que no tiene consecuencias judiciales. Diez días después, De Llera abandonaba el Ejecutivo para regresar a su carrera como fiscal.

También en una comisión parlamentaria, aunque en este caso la de Nombramientos, se acordaba el año pasado el cese del adjunto a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Carlos del Barco (PP). En esta ocasión, el PSOE votó a favor; lo que se tradujo en una destitución casi inmediata.