En primer plano el alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos, saludando tras su investidura
En primer plano el alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos, saludando tras su investidura - A. F.
TRIBUNALES

La marquesa de Santaella pide que se inhabilite al alcalde socialista de Utrera hasta 2031

José María Villalobos no urbaniza unas parcelas con las que debe compensar una ocupación ilegal

SEVILLAActualizado:

La marquesa de Santaella, María Dolores Patiño Arróspide, acaba de interponer una querella criminal contra el actual alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos, para el que pide 15 años de inhabilitación como cargo público por un presunto caso de prevaricación por omisión, tras permanecer el equipo de gobierno de PSOE e IU de brazos cruzados ante el expediente de compensación abierto hace tres años a favor de la demandante por la ocupación municipal de una finca del barrio de San Joaquín (declarada en sentencia firme propiedad del Marquesado) donde se instalaron un campo de fútbol, un parque infantil y un local para las reuniones de las asociaciones vecinales.

La denuncia penal deriva de la falta de respuestas a la última propuesta formulada por la damnificada: como el Ayuntamiento de Utrera habría incumplido flagrantemente el acuerdo extrajudicial por el que «motu proprio» su familia suspendió la ejecución de la sentencia y que consistía en la permuta de los terrenos invadidos por seis parcelas que el Consistorio se comprometió a urbanizar pero que se mantienen en un abandono absoluto, la marquesa ha exigido el ingreso de los 292.644,60 euros en los que se tasaron éstas, sin que el equipo de gobierno que encabeza Villalobos desde hace un año se haya dado aún por aludido.

Lo que amenaza la carrera política del regidor socialista utrerano es un asunto urbanístico heredado de la etapa como alcalde del andalucista Francisco Jiménez. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Utrera, en una sentencia dictada el 14 de marzo de 2011, condenó al Ayuntamiento a restituir la finca de San Joaquín retirando las vallas, las porterías, los juegos para niños… todo por cuenta del Consistorio, que sin embargo desoyó la orden y no actuó hasta que el 26 de junio de 2013 empleados de la sociedad limitada Hieke Group 28 empezaron a dejar expedita la parcela siguiendo instrucciones de la marquesa de Santaella y con permiso judicial.

Las quejas de los vecinos motivaron que Jiménez citara en el Ayuntamiento a última hora de la mañana a un hijo de María Dolores Patiño, al que rogó unos días para poder alcanzar un acuerdo que satisficiera al Marquesado. Antes de la reunión, el representante familiar había ordenado «de buena fe» paralizar el desmantelamiento de las instalaciones municipales. Pero cuando fue a comunicar a los operarios que se suspendía definitivamente la retirada del mobiliario urbano hasta conocer la nueva oferta del Consistorio, se encontró un vallado recién instalado con presencia del inspector jefe la Policía Local, quien aseguró que el alcalde había dado la orden de colocarlo y que bajo ningún concepto permitiría quitarlo ni acceder al interior.

La Guardia Civil tomó nota de lo ocurrido y por aquello siguen instruyéndose diligencias en los juzgados de Utrera, lo cual no fue óbice para que un mes más tarde, el 31 de julio de 2013, se acordara la permuta de terrenos. La finca de la barriada de San Joaquín pasó a manos del Ayuntamiento a cambio de 50.000 euros más la propiedad de seis parcelas, con el compromiso municipal de realizar en éstas unas obras de urbanización que ni se han hecho ni se planearían realizar a corto o medio plazo por parte del nuevo equipo de gobierno de PSOE e IU, ya que no hay fecha de inicio pese a las reiteradas peticiones de la familia de María Dolores Patiño para activar la junta de compensación. De ahí que el asunto vaya a dirimirse finalmente en el juzgado.

El regidor opta por el silencio

El alcalde de Utrera, José María Villalobos, evitó ayer hacer valoraciones sobre la querella interpuesta por la marquesa de Santaella aludiendo a que ni siquiera conocía la existencia de la acción penal hasta que ABC le avisó. El escrito lo registraron ayer los abogados Fernando Rodríguez Galisteo y Salvador Avilés Baena, del bufete Gavidia.

«El Ayuntamiento ha llevado a cabo una absoluta dejación de funciones en lo que a este supuesto se refiere, pues la Administración tiene mecanismos suficientes para hacer cumplir el planeamiento», subrayan, recordando que «desde julio de 2013 que se firmó el acuerdo de permuta ha habido un plazo más que razonable, cuanto menos, para iniciar las tareas de urbanización». Por ello, reclaman resolver el conflicto con el abono de casi 300.000 euros a la damnificada y la inhabilitación durante década y media del alcalde.