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Estrasburgo admite la demanda de un acusado que fue condenado sin ser oído

Día 29/12/2012 - 18.34h
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Pide 348.852 euros de indemnización porque la vista de apelación se celebró sin estar presente

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite la demanda de 348.852 euros de indemnización presentada por un sevillano que fue condenado por colocar un obstáculo en una carretera que causó un accidente, en una sentencia que se dictó sin ser oído el acusado.

El abogado del joven, Fernando Osuna, ha informado en un comunicado de que su cliente y otras tres personas fueron absueltas en julio de 2009 de colocar dos balizas en la carretera dado que el juzgado penal consideró que no se había demostrado cual de ellos había colocado el obstáculo.

Como consecuencia de la existencia de las balizas en la calzada, el conductor de un coche policial perdió el control del vehículo y chocó con el quitamiedos, en un accidente que causó lesiones a los agentes.

Dicha sentencia fue recurrida por la acusación particular ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que celebró la vista el 13 de diciembre de 2010 sin citar personalmente a los acusados, como exige la jurisprudencia, ya que solo uno de los procuradores fue citado pero dos días hábiles antes de la vista, es decir sin la antelación legal.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la citación del acusado debe ser personal, y no a través de procurador, recuerda la nota, que precisa que la vista de apelación se celebró con ausencia de los cuatro acusados.

La Audiencia revocó la sentencia absolutoria y condenó a los cuatro acusados por delito de atentado y falta de lesiones, y consideró demostrado que "las señales de balizamiento habían sido arrojadas a la carretera por los acusados, tácitamente puestos de acuerdo para hacerlo, con el evidente propósito de menoscabar la integridad de los agentes de la autoridad que viajaban en el coche oficial".

Por tanto, la sentencia estableció nuevos hechos probados, a pesar de que el tribunal no había presenciado la práctica de las pruebas, según explica Osuna.

Su recurso fue rechazado por el Tribunal Constitucional pero ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite la demanda, que alega vulneración del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales en su vertiente del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.

La valoración de las pruebas de naturaleza personal sólo puede ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen, y dicha práctica debe realizarse en condiciones plenas de contradicción y publicidad, según Osuna.

Los procesados fueron condenados a un año de prisión, multa de 90 euros y el pago de una indemnización al Ayuntamiento de Sevilla de 7.536,55 euros y a los ocupantes del vehículo de 7.200 euros.

Ahora, el abogado reclama que se anule dicho fallo y que su cliente sea resarcido en 25.407 euros por la condena a un año de prisión, 14.826 euros por "daño emergente", correspondiente a la multa y a las dos indemnizaciones establecidas en la sentencia, los 619 euros que se le impusieron como costas y 308.000 euros por el lucro cesante dado que el condenado tenía un contrato de trabajo.

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