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Sevilla / de 2003

El TSJA anula la suspensión de las rentas otorgadas a un prejubilado de Mercasevilla

Día 24/01/2013 - 07.56h
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La sentencia va en contra de la suspensión de pagos ordenada por la Junta al encontrar prejubilados falsos

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado, a través de una sentencia firme, una resolución emitida en 2011 por la Administración andaluza suspendiendo las rentas de un extrabajador de la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, prejubilado con cargo al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 por dicha empresa.

La Junta de Andalucía decidió suspender las rentas de este prejubilado al no contar éste con 50 años de edad al finalizar 2003 y recoger tal requisito el acuerdo del ERE, pero el Alto tribunal andaluz esgrime la autorización del ERE a manos de la propia Administración autonómica y señala la ausencia del preceptivo "proceso previo de revisión de oficio". El caso de este extrabajador de Mercasevilla, llamado José Díaz Martín, se encuadra en la decisión de la Junta de Andalucía de suspender las rentas de cinco de los empleados del mercado central de abastos de Sevilla prejubilados mediante el expediente de regulación de empleo acordado en 2003.

Esta decisión respondía a la investigación interna promovida por la Administración andaluza en torno a los expedientes de regulación de empleo, con sus consiguientes indemnizaciones y prejubilaciones, financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

La trama de los ERE

Y es que el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, como es sabido, indaga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo a la partida presupuestaria 31L, de la que se alimentan las prejubilaciones del ERE promovido en 2003 por Mercasevilla y cuya administración habría carecido de la correspondiente fiscalización, siempre según la investigación.

En el ERE de 2003 de Mercasevilla, en ese sentido, figuraba una mujer llamada Carmen Fontela González como beneficiaria de las rentas acordadas para el procedimiento, pese a que esta persona nunca ha formado parte de la plantilla. La Administración autonómica, en su investigación interna, detectó y elevó al juzgado un total de 72 prejubilaciones presuntamente falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo que inicialmente contó con 647.869.157,45 euros.

Como consecuencia de estos hechos, como es sabido, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, los sucesor de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.

Novedosa sentencia

Pues bien, cuatro de los cinco prejubilados del ERE de 2003 de Mercasevilla cuyas rentas fueron suspendidas en 2011 han protagonizado este miércoles una rueda de prensa junto al abogado Juan José Sánchez Fernández, del despacho de abogados Sánchez, Mejías & Asociados. El motivo de la rueda de prensa no ha sido otro que presentar el fruto de la impugnación promovida contra la citada decisión de la Administración andaluza.

Porque después de recurrir tal acto administrativo por la vía Contencioso Administrativa, la sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha emitido una sentencia firme estimando plenamente el recurso y declarando la nulidad de la resolución formalizada en 2011 por la Consejería de Empleo para zanjar que José Díaz, como extrabajador de Mercasevilla, perdía "el derecho a continuar con cualquier tipo de rentas con cargo a la financiación de la Junta", dado que la Administración consideraba "acreditada su inclusión no regular" en la póliza de seguro de rentas asociada al expediente de regulación de empleo de 2003.

El requisito de la edad

En su sentencia, fechada el 15 de enero y recogida por Europa Press, el Alto tribunal andaluz expone que la Junta adoptó tal decisión al haber detectado que este extrabajador no contaba con 50 años de edad al finalizar 2003 y este era un requisito contemplado en el propio acuerdo del ERE. Los magistrados del TSJA, en ese sentido, exponen que el acto impugnado "adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho" porque, "con carácter previo", la Administración "no ha instado proceso de revisión de acto nulo con dictamen del Consejo Consultivo" en cuanto a la resolución de fecha 17 de noviembre de 2003 que autorizaba este ERE en cuestión.

"No se puede, a través de este extraño y contradictorio procedimiento, sortear el cauce legal 'ad hoc' para obtener la finalidad buscada y salvar así o dejar incolume la resolución de la autoridad laboral que autoriza el ERE y decreta quién válidamente se encuentra en el mismo", resume la sentencia. El fallo, además, descarta el incumplimiento de "condición, obligación o compromiso" en la prejubilación de José Díaz, porque "no existe solicitud, trámite o acuerdo de la Consejería de Empleo que conceda de manera directa al trabajador una ayuda en cantidad concreta", toda vez que sería Mercasevilla, como tomadora de la póliza de seguro de rentas del ERE, la "beneficiaria" de las cantidades libradas por la Administración andaluza.

La sentencia incluso condena en costas a la Junta de Andalucía y eleva al Juzgado de Instrucción número seis las "posibles responsabilidades penales" de Francisco Javier Guerrero, Antonio Rivas y el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas en este caso.

«Cabeza de turco»

El propio José Díaz ha manifestado, en la rueda de prensa, que cuando se acogió al ERE no obraba "de mala fe". "Me sentía muy seguro de aquello que firmaba, porque me lo ofrecieron", ha señalado en cuanto a su prejubilación, manifestando además que todo el procedimiento contaba con el respaldo de Mercasevilla, la Junta de Andalucía y el propio comité de empresa del mercado central. En estas condiciones, según ha dicho, "yo estaba obligado a creer a mis jefes". "Esto ha sido una maniobra de distracción de la Junta", ha enfatizado el extrabajador beneficiario de la sentencia, toda vez que uno de sus compañeros ha dicho sentirse como "un cabeza de turco".

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