responsabilidad penal
Ven indicios de homicidio imprudente en el caso del polaco muerto en el albergue
La acusación particular pide al juzgado que declaren la directora del centro municipal y el gerente del Virgen del Rocío
La muerte del joven polaco Piotr Piskobub en el albergue municipal al que fue derivado desde el Hospital Virgen del Rocío a pesar de pesar apenas 30 kilos y con síntomas de desnutrición, puede derivar en responsabilidades penales. Así lo consideran tanto la acusación popular, que van a ejercer la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Grupo de juristas 17 de marzo , como la acusación particular que representa a su familia, que ven en esos hechos, además de un presunto delito del deber de socorro otro de homicidio imprudente y un tercero contra la integridad moral.
El abogado Luis de los Santos , abogado de la acusación particular, ha esgrimido como principal baza del causa el alta médica omitida por el hospital en el que a una persona en la situación que estaba Piotr sólo se la valoró como era un caso de «problemática social», lo que, señaló, «es un tema de negiglencia tal que roza lo delictivo» . Ante esta situación y para aclarar las responsabilidades del caso tanto de la Junta como del Ayuntamiento, van a pedir la dcclaración del gerente del Virgen del Rocío y Virgen Macarena y la directora del albergue municipal.
Además, reclamarán al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el informe sobre «la investigación interna que dice estar realizando» así como los protocolos que tienen tanto este organismo como el Ayuntamiento para atender estas situaciones. Y es que, señala De los Santos, tienen constancia de que es una «práctica habitual» que los hospitales traten a personas que viven en la calle no como enfermos sino como un problema social.
Cuando se cuenten con todos esos datos y las declaraciones de los responsables del hospital y el albergue, pedirán asimismo la de todas las personas que se vieron implicados en el caso y se determinarán, señalan, las responsabilidades .
Desde la acusación particular como de la popular señalan que el objetivo de sus acciones es que casos como el de Piotr no vuelvan a ocurrir.
Pablo María Fernández , coordinador del área de marginación de la Asociación Pro Derchos Humanos de Andalucía, hizo hincapié en que desde 2007 hasta ahora el número de personas que viven en la calle se ha triplicado . En el caso de Sevilla rondan entre las 2.500 y las 3.000. La ciudad tiene sólo 160 plazas para alojarlos.
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