El PGOU de Monteseirín acumula ya 18 sentencias en contra

Los tribunales de Justicia no han parado de echar humo por culpa del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla que aprobaron en el año 2006 los dos partidos que gobernaban, PSOE e IU, con el visto bueno de la Junta de Andalucía. En los últimos meses se han resuelto numerosos pleitos que llevaban años en proceso y que, en todos los casos, condenan al Ayuntamiento a cambiar el plan urbanístico, algo que está frenando radicalmente el desarrollo de la cuidad, sobre todo en el casco antiguo, que es donde se acumulan más casos.

En total, el PGOU que impulsó Alfredo Sánchez Monteseirín acumula ya 18 sentencias en contra. En la mayoría de los casos los denunciantes han sido los propietarios de los suelos calificados de forma errónea. Pero hay también pleitos impulsados por asociaciones vecinales y otros organismos de defensa del patrimonio. Los casos más mediáticos han sido los de la Biblioteca de la Universidad en el Prado, que ha tenido que demolerse después de que el Supremo confirmara en firme la sentencia del TSJA en junio de 2009, y la del Conjunto Histórico que impulsó la asociación Adepa, cuya resolución definitiva fue emitida por el Tribunal Supremo en marzo del año pasado.

El primer episodio de esta historia se produjo en mayo de 2008, cuando el TSJA anuló la calificación de Suelo de Interés Público y Social para la parcela de la calle Santa María de Gracia en la que estaba ubicado el Centro de Salud de la Campana. Como consecuencia, la Consejería tuvo que cambiar de lugar el ambulatorio. Posteriormente se derogó también las catalogaciones del Muro de los Navarros. Y en octubre de 2011 se anularon las calificaciones de suelo públicos a los antiguos cines Cervantes, Alameda y Avenida. Sus propietarios denunciaron el intento por parte del gobierno de Monteseirín de arrebatarles el pleno dominio de la propiedad por haber usado sus edificios para actividades culturales. El Supremo les dio la razón y eso impidió que se pudiera llevar a cabo el plan diseñado por el entonces delegado de Cultura, Juan Carlos Marset, para hacer una red de teatros locales en esos espacios.

De igual modo, el Tribunal Supremo se ha manifestado en contra de la calificación como Sistema General Portuario que el PGOU vigente hace de la parcela de la Compañía Logística de Hidrocarburos en el Puerto de Sevilla, argumentando que esta calificación vulnera los preceptos de la normativa portuaria e invade las competencias estatales.