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conflicto de la corrala utopía

El Ayuntamiento de Sevilla no ofrece privilegios para los expedientes de los okupas

Se sacude la presión de la Junta evaluando a las familias de la Corrala Utopía «con el mismo criterio y celeridad» que el resto de casos

El Ayuntamiento de Sevilla no ofrece privilegios para los expedientes de los okupas juan flores

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El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento hispalense, el popular Francisco Pérez, ha manifestado este miércoles que los servicios sociales del Consistorio trabajan actualmente en la evaluación de la situación socioeconómica de un total de 17 familias de la Corrala Utopía. Los servicios sociales del Consistorio trabajan con un «listado de ocho» familias que corresponde con las unidades familiares realojadas provisionalmente en viviendas protegidas de titularidad autonómica y otra relación de «nueve familias» que contendría a las personas cuyo realojo provisional fue suspendido.

«Tenemos un listado con las ocho familias realojadas y otro listado con nueve», ha explicado el concejal Francisco Pérez respecto a la relación de familias y personas que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha remitido al Ayuntamiento para que sus servicios sociales evalúen su situación socioeconómica.

Se trata, así, de un listado con las ocho familias que la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, realojó provisionalmente en viviendas de titularidad autonómica tras el desalojo de las viviendas propiedad de 'Ibercaja', y un segundo listado con las nueva familias también desalojadas y cuyo realojo provisional no consumó finalmente la Consejería. «Ahora veremos en qué posición están estas personas respecto a las personas que los servicios sociales ya tienen baremadas», ha manifestado el concejal popular respecto a la peor o mejor situación socioeconómica que estas personas presentarían respecto al resto de personas de Sevilla capital que recurren a los servicios sociales.

Una lista de 388 familias

En cuanto a esta labor de evaluación, alega que los técnicos sociales del Ayuntamiento trabajan con estas familias «con la misma celeridad, los mismos criterios y las mismas garantías que en el caso de cualquier otra persona que acude a una unidad de trabajo social (UTS)».

«Es un trabajo estrictamente técnico y sumamente delicado», ha dicho Curro Pérez, quien recuerda que en los puestos cien y 122 del Baremo Social del Ayuntamiento, en el que figuran 388 familias o personas a título individual, están dos de las familias de este colectivo, si bien ha aclarado que se desconoce si se trata o no de las familias desalojadas provisionalmente. «Ellos tienen su polémica. Ahora se comprueba lo que hemos sostenido desde un principio, que lo único que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento es evaluar la situación social de estas familias» para que accedan o no a cada uno de los recursos públicos de apoyo a las personas desfavorecidas.

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