Los actos vandálicos en Sevilla en 2013 costaron al contribuyente 213.000 euros

El último informe del Defensor del Ciudadano, José Barranca, alerta de la preocupante escalada de actos vandálicos que padece Sevilla desde hace meses. El dato oficial es elocuente: en 2013, la factura «pagada del bolsillo del contribuyente» como consecuencia de estos ataques al patrimonio público ascendió a 213.566 euros. Eso sin contar con el coste de la limpieza de la suciedad generada por las manifestaciones ilegales y el gamberrismo. En esa cifra sólo se contabilizan los gastos para el arreglo del mobiliario urbano maltratado por grupos de jóvenes que, según los informes policiales, suelen actuar en bandas, casi siempre para reivindicar consignas políticas.

Uno de los grandes perjuicios generados sobre el patrimonio es el de las pintadas en monumentos, una práctica cada vez más extendida. Pero durante estos ataques también se rompen fuentes, se decapitan esculturas, se queman contenedores y papeleras o se arrancan farolas y señales de tráfico. Los vándalos no perdonan nada. Pintan los escaparates del centro o las fachadas de la iglesias, e incluso tratan de meter fuego a los edificios religiosos, como ocurrió con Santa Marina, cuyo caso aún no ha sido resuelto por la Policía.

Lo cierto es que en los últimos tiempos son demasiado habituales estos episodios. En 2013 se han producido asaltos al Alcázar, pintadas proabortistas en distintas iglesias de la ciudad, ataques a los monumentos taurinos... El Defensor del Ciudadano da en su informe la clave de esta tendencia de protestas callejeras: la impunidad ante la ley. Según la Ordenanza Municipal de Limpieza de Sevilla, «las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes que no permitan expresamente esta ordenanza» serán consideradas «falta leve», «ascendiendo la multa de 90 a 300 euros».

A este respecto, Barranca considera «la cuantía escasa, tenue y liviana teniendo en cuenta el daño que originan las pintadas, cantidades poco disuasorias para estos delincuentes». Para el Defensor «no es posible comprender cómo aún no se le ha puesto freno a este movimiento con mayor eficacia». A su juicio, «serían deseables campañas de concienciación frente a estos actos vandálicos», así como la aplicación del código penal de manera más contundente. «El mejor antídoto es tocarles el bolsillo», asegura Barranca, ya que «la concienciación como parece no surte efecto».

Las zonas más afectadas son los Jardines de Murillo o la Plaza de España, entre otrosEs más, el Defensor emite una conclusión muy rotunda: «Esto ocurre porque hay una gran falta de educación, de respeto, y a la vez no existe temor alguno a pagar por aquello que se hace, no se exigen responsabilidades y hay una gran falta de autoridad». En su informe hace además un recorrido por los lugares más afectados por estos comportamientos: los Jardines de Murillo, la Plaza de España, la Puerta de Jerez, la Plaza de América, la Plaza de San Leandro, la del Duque y las estatuas de Curro Romero, la duquesa de Alba y Mozart. Pero, ¿qué ocurre con los infractores? «Se les detiene, si son detenidos, se les multa, y si son insolventes, una serie de interrogantes que yo no sabría contestar», asegura el Defensor del Ciudadano, quien «echa de menos una gran falta de vigilancia, sobre todo en los parques y en la zona del río, otro territorio casi entregado a los vándalos que hacen y deshacen a sus anchas, presentando ambas márgenes un estado lamentable por culpa de las pintadas y las botellonas».

Actualmente, la legislación sólo considera delito los daños causados por valor de más de 400 euros. Las pintadas no superan nunca esta cifra, pero están tan extendidas por la ciudad que borrarlas supuso un coste para Lipasam en 2013 de más de cien mil euros, a los que hay que sumar los gastos en arreglo de fuentes, monumentos, bancos y papeleras. La mayoría de estos actos vandálicos son fruto de protestas callejeras. Una moda cuyo castigo pagamos entre todos.