ley de propiedad intelectual
La SGAE lleva a los tribunales a casi un centenar de bares y pubs de Sevilla
Son establecimientos de la capital y la provincia que dejaron de pagar los derechos de autor en los últimos años
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha puesto en marcha la máquina recaudatoria y ha desempolvado los expedientes de establecimientos morosos de Sevilla, a los que reclama ahora judicialmente las tarifas impagadas desde hace varios años. Los dos juzgados mercantiles de Sevilla han recibido casi un centenar de demandas contra bares, disco-pubs, cafeterías y otros establecimientos de la capital y la provincia que tienen cuentas pendientes con la SGAE, según ha podido saber ABC. En la mayoría de estos procedimientos monitorios la SGAE reclama cantidades pequeñas –no superan normalmente los 3.000 euros– por infracción de la Ley de Propiedad Intelectual.
José Miguel Alfonso Segura, letrado de la SGAE que está dirigiendo las demandas de reclamación de cantidades, explicó a ABC que «es lógico que la Sociedad General de Autores reclame las tarifas impagadas por los establecimientos porque sus socios están exigiendo el cobro de sus derechos y ha aumentado mucho la tasa de morosidad de la SGAE en los últimos años». Mientras que Alfonso Segura achaca esa caída de ingresos de la SGAE a la crisis, otras fuentes apuntan que la causa del descenso de la recaudación se debe al descrédito en el que cayó la institución en 2011, cuando la Guardia Civil registró su sede de Madrid y detuvo a nueve personas, entre ellas su entonces presidente, Teddy Bautista, por presuntos pagos irregulares, sobresueldos y desvíos de fondos.
Caída de ingresos
La imagen de la SGAE quedó tocada no sólo por esa crisis, sino por su voracidad recaudadora que le llevó a cobrar por festivales benéficos o fiestas populares. Algunas fuentes apuntan a que la SGAE llegó a presentar con Teddy Bautista miles demandas judiciales al año contra bares, discotecas, tiendas, supermercados, peluquerías o galerías comerciales. En 2008 la Agencia de Protección de Datos paró los pies a la SGAEal imponerle una multa de 60.101 euros por grabar sin permiso en una boda de Sevilla que tuvo lugar en el restaurante «La Doma» de San Juan de Aznalfarache. Un detective contratado por la SGAEse infiltró en la ceremonia y, si permiso de los novios, los grabó, así como a los invitados bailando al ritmo de canciones protegidas.
El descrédito de la SGAE llevó a Antón Reixa y José Luis Acosta, sucesores de Teddy Bautista en la presidencia de la sociedad, a aflojar la presión a los morosos en los últimos años y rebajar tarifas a las televisiones y radios, sus principales clientes. Sin embargo, las cuentas no le salen a la SGAE y ha decidido este año recaudar por vía amistosa o judicial las tarifas impagadas y reducir su morosidad, ya que pasó de recaudar 342 millones en 2010 a sólo 260 millones el pasado año, un 16,1% menos que el año anterior
«La SGAE ha agotado todos los medios a su alcance para evitar acudir a los tribunales. Ha hecho levantamiento de actas, girado visitas, enviado cartas e intentado una solución amistosa extraprocesal con los establecimientos que firmaron un contrato con nosotros para usar un repertorio musical pero que no han terminado pagando las tarifas acordadas», subrayó Alfonso Segura, quien destaca que «la música es un bien intangible que es fácil de usurpar y a la gente le cuesta entender que tienen que pagar por hacer una difusión publica de la música, que a su vez les ayuda a retener a los clientes por más tiempo, con lo que se convierten en proveedores de esos establecimientos».
La ofensiva judicial de la SGAE contra los morosos se extiende a toda Andalucía. «La gran mayoría de los establecimientos andaluces que usan nuestro repertorio –dice la SGAE–tiene formalizada una licencia de uso del mismo con la entidad y son muy minoritarios los que no afrontan sus pagos y que, por tanto, incumplen con la normativa legal vigente. Éstos suelen coincidir plenamente con aquellos negocios que tampoco efectúan los pagos pertinentes al resto de sus proveedores, como empresas de energía eléctrica o agua».
Hospitales y hoteles
La interpretación de la Ley ha dado lugar a sentencias dispares. Así, en Barcelona y Álava las Audiencias obligaron en 2011 a sendos hospitales al pago de derechos de autor por los televisores instalados en las habitaciones de los pacientes y espacios comunes del centro. Sin embargo, en 2012 el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo sentenció que un dentista italiano podía difundir gratuitamente fonogramas (música en soportes que permiten su reproducción) en su consultorio privado al considerar que no se trataba de una «comunicación al público» en el sentido del Derecho de la Unión Europea.
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