Los agentes a los que filtraron el examen tendrán que devolver placa, arma y sueldo

El juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García , que investiga la posible filtración del examen de acceso a la Policía Local de Sevilla en las dos convocatorias que se celebraron en 2012, acaba de comunicar a al menos una treintena de agentes que los considera responsables civiles de esta revelación de secreto y los ha citado en su juzgado para cumplir con este requisito, que podrá implicar la retirada de la placa y el arma, así como la obligación de devolver el sueldo cobrado desde que ingresaron en el cuerpo , ya que su acceso habría sido ilícito. En esta circunstancia se encuentran varias decenas de agentes de los 103 que ganaron la plaza en estas oposiciones, algunos de los cuales tienen parentescos familiares con altos cargos policiales e incluso miembros del sindicato SPPME , según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Además, el juez ha ampliado las imputaciones por delitos de prevaricación y revelación de secretos. Hasta ahora han declarado en calidad de imputados el presidente del tribunal , el superintendente de la Policía Juan José García , y otros tres miembros del mismo . Sin embargo, el magistrado ha decidido ampliar estas imputaciones a todas las personas que formaron parte de aquella mesa, entre los que se encuentran varios cargos policiales más y tros funcionarios municipales.

Según la investigación llevada a cabo hasta este momento, un elevado número de aspirantes pudo beneficiarse de la filtración del examen , como denunció un grupo de opositores ante la Fiscalía a comienzos de 2013. La instrucción tiene dos ramas, una por cada oposición celebrada. En un caso se investiga la citada filtración y en otro el acceso de agentes que en teoría no cumplían los requisitos, como no tener el carnet de motocicleta exigido o la estatura mínima, para lo que incluso se pusieron silicona en los talones. El Ministerio Público denunció el caso en los tribunales tras las las averiguaciones llevadas a cabo por el grupo de asuntos internos de la Policía Local , el llamado Gepol, poniendo de relieve que en estas pruebas de acceso había indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de los que se habrían beneficiado incluso familiares directos de miembros del tribunal examinador y de otros cargos policiales y sindicales.

Tras las diligencias llevadas a cabo por el juez, que ya están en su fase final, éste ha decidido tomar una medida rotunda: hacerles saber su «condición de terceros civiles responsables» de estos delitos , lo que cuando haya sentencia firme en este sentido les hará perder su condición de funcionarios y les obligará a devolver todo el dinero que han cobrado , incluidos los gastos derivados de su nombramiento. Es decir, además del sueldo, los agentes beneficiados por esta filtración tendrán que reingresar los costes de la academia, el arma, el uniforme...

La medida del juez, según las fuentes consultadas, es un formalismo para que los policías notificados no puedan alegar indefensión en el proceso judicial, pero es claramente indicativa de que el magistrado considera que hay pruebas suficientes del amaño como para procesar a los imputados y, además, ha investigado quiénes fueron exactamente los aspirantes que se beneficiaron de la filtración . El súper intendente Juan José García declaró en este caso como imputado el pasado 25 de marzo y aseguró que era normal que las respuestas fueran idénticas por parte de algunos de los aprobados «porque eran la opción correcta».

Pero el examen no era tipo test, es decir, había que redactar las contestaciones. Y según el sumario hay una similitud en muchas de ellas que invita a sospechar que los beneficiados conocían las preguntas con anterioridad y se las pudieron preparar incluso de manera conjunta . García se exculpó de la filtración asegurando que había otra mucha gente que conocía el examen, como funcionarios del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento y los miembros del otro tribunal. El alto cargo policial, eso sí, admitió que conocía a algunos de los opositores porque eran familiares de miembros del cuerpo . Eso es precisamente lo que denunciaba el grupo de aspirantes que acudió a la Fiscalía: que aprobaron al menos 20 familiares directos de policías y sindicalistas (algunos de ellos mimbros del tribunal) y que se habían encontrado «llamativas coincidencias» tanto en los aciertos como en los fallos que contenían muchos de ellos.