El juez investiga si empleados de DeSevilla tenían que pagar a IU
Pide a los peritos que cuantifiquen los ingresos al partido por parte de la plantilla de la Fundación
La que fue directora del área de Relaciones Institucionales con Antonio Rodrigo Torrijos, Ana Vigneron, declaró como testigo ante la Guardia Civil y ante el juez de instrucción número 16, dentro del caso del presunto desvío de un millón de euros de cooperación al desarrollo de la Fundación DeSevilla «para fines particulares o partidistas», que IU obligaba a los trabajadores de sus áreas de gobierno a pagar parte de su sueldo al partido. Literalmente, Vigneron dijo que «todas y cada una de las personas designadas por IU para el desempeño de sus funciones en el Ayuntamiento —incluida ella misma— abonaban una cantidad proporcional a su salario al Partido Comunista, estuvieran o no afiliadas al partido, para poder continuar ejerciendo su función».
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Ante esta circunstancia, la Guardia Civil sostiene que «si condición indispensable para trabajar en el Ayuntamiento de Sevilla, siendo designado por IU, era el pago de una parte proporcional de lo que se cobraba por la función que se desarrollaba, ya no estamos hablando de un acto estrictamente altruista y por convencimiento ideológico, sino más bien por tener y o conservar un puesto de trabajo». La testigo, por cierto, también dio el nombre de la persona que llevaba el control de este dinero: el exdelegado de Economía, Carlos Vázquez, ya imputado en la causa.
Informe pericial
Ante este testimonio, la Fundación DeSevilla ha solicitado al juez que los peritos designados para analizar la contabilidad investiguen también este extremo y cuantifiquen el dinero exacto que salió de las nóminas de los empleados con destino a la cuenta del Partido Comunista. El magistrado, Juan Gutiérrez Casillas, ha aceptado la medida y en una resolución dictada el pasado 23 de junio, a la que ha tenido acceso ABC, acuerda dar traslado a los peritos para que «lleven a efecto» esta diligencia. Según las fuentes consultadas, el informe pericial ya está prácticamente concluido en lo que respecta a la contabilidad de la Fundación DeSevilla, donde tanto el interventor como las liquidadoras y el auditor de Deloitte han coincidido en señalar al juez que existía un «caos» contable que impedía conocer el destino exacto del dinero y que hay 936.000 euros que no se justificaron y que no estaban en la caja.
El instructor acordó solicitar un informe a dos peritos externos de la empresa KPGM para tener una certificación, o en su caso lo contrario, de estos hechos por parte de personas que no estuvieran implicadas en la actividad de la Fundación. El resultado de este informe, que según las citadas fuentes podría ratificar el desvío del millón de euros y otras posibles «irregularidades», se retrasará ante las nuevas peticiones del juez, que quiere saber exactamente «a cuánto ascienden» los ingresos de IU procedentes de la supuesta «obligación de los trabajadores de la Fundación de ingresar parte de su nómina en las cuentas bancarias» del partido. Es decir, el magistrado accede a la petición de cuantificar ese dinero por si durante la instrucción se demuestra que era un modo de financiación partidista impuesto y no voluntario.
Vigneron aseguró que «los pagos al Partido Comunista eran obligatorios y se cobraban a afiliados y no afiliados, a todo el personal en puestos de confianza». A raíz de esta declaración, la Guardia Civil ha cruzado los datos de las cuentas bancarias en las que tiene poderes Carlos Vázquez, entre las que se encuentra la del Partido Comunista de Sevilla. Y ahí aparecen los pagos. Los agentes han elaborado con ellos una lista en la que especifican cuánto ingresó cada persona. En ella aparecen los cargos de IU con responsabilidad institucional, como es el caso de Torrijos, que pagaba 400 euros al mes en su etapa de gobierno y 250 cuando estaba en la oposición. Sin embargo, también se reflejan los pagos de empleados, si bien el atestado policial no revela si se trata o no de afiliados al partido.
El caso de Sevilla Global
Estos pagos sobre los que ahora quiere arrojar luz el juez del caso vienen de lejos. El primero que lo reveló fue un trabajador de Sevilla Global, no afiliado al partido, ante la juez de instrucción número 13. La Fiscalía del TSJA había puesto una querella contra Torrijos y Vázquez por los despidos que éstos habían ordenado en Sevilla Global aportando la grabación en la que estos instaban a los trabajadores a «atenerse a las consecuencias» en caso de no seguir sus órdenes. Once empleados fueron despedidos y en sus juicios laborales presentaron la cinta como prueba que acreditaba que se trataba de «despidos ideológicos».
Los juzgados de lo Social dieron la razón a los empleados en todas las instancias. Pero la Fiscalía del TSJA fue más allá y decidió ponerles una querella por delitos contra la integridad de las personas. En este contexto, uno de los trabajadores que fueron citados como testigos declaró que «no era afiliado de Izquierda Unida pero pagaba una aportación al partido» porque se había negado a ello y «en diversas ocasiones se le conminó a que ingresara» el dinero. Aquel caso se archivó, pero el juez de DeSevilla ha decidido ponerlo en manos de los peritos independientes para decidir si investiga también un posible caso de financiación ilícita.
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