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acogimiento temporal

Un abuelo, en lucha contra la Junta para quedarse con su nieta

El abuelo de una menor de cuatro años lucha para que la Junta no le retire la acogida permanente de la niña

Un abuelo, en lucha contra la Junta para quedarse con su nieta rocío ruz

m.j. pereira

La vida de la niña de cuatro años J. M. B. R. no ha sido fácil. «Desde que era un bebé ha dormido en la calle, en coches, en casas de desconocidos o en discotecas. Mi hija, J. R. R., era toxicómana y no la atendía correctamente», cuenta Miguel Ángel Rodríguez Borrallo, su abuelo materno, residente en San Jerónimo.

«El 18 de abril de 2012, la abuela materna y el padre de la niña, E. B. I., nos dejaron en nuestra casa a la niña cuando tenía un año y medio porque la madre la descuidaba», prosigue Ana María Fernández Ronquillo, segunda esposa de Miguel Ángel Rodríguez. Así las cosas, el abuelo materno, de 45 años, y su esposa, de 37 años, fueron a la Junta de Andalucía para pedir el acogimiento familiar de su nieta. «El 14 de mayo de 2012 un juzgado nos autorizó el acogimiento permanente por familia extensa y la Junta permitió que la madre biológica, de 23 años, pudiera verla los domingos», aseguran.

Según el abuelo materno, «cuando llegó, la niña no tenía las vacunas y venía desnutrida porque cuando era bebé le rellenaban en los bares el biberón con leche de vaca y no le metían cereales. Cuando creció la niña comía en los bares cualquier cosa que pillaban. Con un año y medio pesaba sólo ocho kilos y no andaba. Hoy tiene reconocida una minusvalía psíquica del 49%».

«Por dos veces –relata Miguel Ángel Rodríguez– mi hija intentó vender a la niña por 300 euros. La primera vez a un rumano. Otra vez intentó venderla en El Vacie y gente que me conoce se enfureció tanto que la siguieron e incluso llegaron a pegarle».

Cuando la niña llegó al domicilio del abuelo materno fue escolarizada en una guardería y hoy lo está en el colegio Calderón de la Barca. «También la llevamos cada semana a un logopeda del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. La madre biológica no siempre viene a ver a su hija los domingos pero cuando lo hace la niña se pone nerviosa porque piensa que se la va a llevar. Hasta la logopeda nota cuando la niña ha recibido la visita de la madre», apunta Ana María.

El pasado 2 de diciembre, la familia de acogida acudió a la Junta para pedir autorización para que fuera operada de amigdalitis. «Nos llevamos una sorpresa cuando nos enteramos entonces de que la Junta de Andalucía nos obligaba a entregar a la niña el 7 de diciembre porque dice que hay riesgo de que la madre pueda llevársela y huir con ella a Rumania, de donde es su pareja», cuenta la esposa de Miguel Ángel, quien reconoce que su hija ha amenazado con hacerlo.

«Desde que la madre ha dicho que quiere llevarse a la niña, ve a la menor en mi casa y yo cierro la puerta con llave para que no pueda llevársela. Por otra parte, no creo que lo haga porque no puede cuidar ni de ella misma y no tiene medios económicos para atenderla», señala Ana María Fernández, quien junto a su marido viven de la recogida de chatarra. «No vivimos mal. No hemos recibido hasta ahora dinero de la Junta para quedarnos con la niña ni queremos que nos lo dé. Sólo queremos que mi nieta siga viviendo feliz en nuestra casa, donde cuidamos también de otros dos hijos de 18 y 13 años, que también tienen una minusvalía psíquica del 75% y del 51%», asegura Miguel Ángel Rodríguez.

La familia de acogida acudió a Unión Romaní para pedir ayuda jurídica. «Gracias a esa asociación hemos logrado que se frene la retirada de la niña el 7 de diciembre», añade el abuelo materno. Unión Romaní informó a ABC que la familia de acogida tendrá hasta el 29 de diciembre para pedir copia del expediente y alegar que no está de acuerdo con la extinción del acogimiento permanente.

Por su parte, la Junta de Andalucía no ha querido pronunciarse sobre este caso «para preservar los derechos de la menor de edad». «En las decisiones que se toman desde el servicio de Menores prevalecen los derechos del menor. La familia extensa conoce los recursos de que dispone y sus derechos», advierte la Administración.

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