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La Fiscalía investiga a varios funcionarios por la venta de material del Ayuntamiento

El caso conecta con el del expolio de la comisaría de la Cartuja tras venderse a Detea, archivado porque no se pudo determinar quiénes fueron los autores. La denuncia parte del propio gobierno

La Fiscalía investiga a varios funcionarios por la venta de material del Ayuntamiento abc

alberto garcía reyes

Vendían materiales de titularidad municipal a chatarreros por su cuenta y se quedaban con el dinero. Esa es la sospecha sobre la que trabaja la Fiscalía de Sevilla contra varios empleados del Ayuntamiento y que conecta directamente con un caso que había sido archivado, el del expolio de la comisaría de Policía Local de la Cartuja tras el traslado a la Ranilla y la venta de este edificio a la empresa Detea.

El juez que instruyó esta causa ordenó el archivo provisional al no poder determinar quiénes fueron los autores de aquel desvalijamiento, por el que la empresa llegó a solicitar a la administración local una indemnización millonaria, ya que se encontró el inmueble completamente arruinado cuando lo recepcionó.

La investigación llegó a contar con cuatro chatarreros imputados como posibles responsables del expolio, en el que también participó el cuñado de un policía al que un intendente había dado permiso para llevarse las taquillas. Pero finalmente no se pudo acreditar su autoría.

Sin embargo, en otra investigación que en principio nada tenía que ver con ésta, la Fiscalía ha terminado encontrando a los posibles responsables. Según las fuentes judiciales consultadas, todo comenzó cuando un policía fuera de servicio estaba esperando a que arreglaran su coche en un taller del polígono Calonge y vio cómo en una chatarrería de enfrente descargaba material una persona con un coche del Ayuntamiento.

El vehículo incluso tenía los rótulos municipales, por lo que el agente se acercó al chatarrero, se identificó, y descubrió que la citada persona había vendido 20 kilos de cobre. Puso el caso en conocimiento del Ayuntamiento. Y el gobierno municipal decidió nombrar un instructor para abrirle expediente al trabajador que había hecho eso. Se encargó del tema el departamento de Recursos Humanos, que tras llevar a cabo varias pesquisas entendió que podría haber un delito detrás de esta actuación y lo envió a la Fiscalía.

El Ministerio Público le encargó el asunto al Grupo Especial de Policía Local, Gepol, para averiguar si se trabaja de un caso puntual o era una trama organizada. Y al cruzar los datos que maneja la Policía Nacional sobre la venta de cobre en las chatarrerías, que están obligadas a tomar los datos a las personas que les venden el material y aportarlos a un archivo que controlan los cuerpos de seguridad, se desveló que esa misma persona que había vendido los 20 kilos también había llevado a cabo dos ventas de 500 kilos en las fechas en las que se produjo el expolio de la antigua comisaría. Concretamente fueron dos ventas de más de 200 kilos cada una y se efectuaron en mayo y junio de 2012.

Esa operación aparece registrada en los archivos policiales a nombre del jefe obrero de mantenimiento de Edificios Municipales, que ya no continúa en su puesto. Era un empleado con contratos eventuales que ha sido despedido. Este hombre y otros funcionarios de este departamento ya han declarado en sede policial y, según las mismas fuentes, habrían reconocido estas ventas, cuyo importe aseguran que usaban para un fondo común con el que solían pagar comidas.

El juzgado de instrucción número 15, que investigó el citado expolio y que, dadas las conexiones del caso, tendría que hacerse cargo de esta nueva rama de la investigación, aún no se ha pronunciado, pero ya cuenta con el informe del Ministerio Público.

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