CAso Marismas
Hacienda denuncia otro fraude de dos millones en facturas falsas en la marisma
Una inspección rutinaria delata gastos de «operaciones inexistentes». Esta rama, paralela a la del «caso Marismas» se investiga en el juzgado número 1, donde hay cinco imputados
Casi dos millones de euros «correspondientes a operaciones inexistentes» se facturaron en las obras de modernización de las marismas que se adjudicaron en 2005. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Inspección de Hacienda tras una investigación rutinaria a la empresa Befesa, principal adjudicataria de aquel concurso en el que se investiga un fraude de 40 millones de euros por unas obras que se justificaron con certificaciones falsas y que una década después siguen sin tener utilidad porque no están terminadas de ejecutar. En ese caso, denunciado incluso por la Oficina Europea Antifraude, la Guardia Civil, a instancias del juez número 16, ha señalado ya tanto a los empresarios que ganaron el concurso como a los propios regantes y a diferentes cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta por dos razones: porque se amañó el concurso y porque se pagaron obras que no se habían hecho engordando las certificaciones. Esta investigación, iniciada hace casi un año a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de los actuales gestores de la Comunidad de Regantes, cuenta actualmente con catorce imputados y también mantiene abiertas varias diligencias para averiguar si hubo dádivas a cambio de preparar el concurso para que ganara la UTE Befesa-Alpi.
Sin embargo, no es la única causa que los juzgados instruyen actualmente como consecuencia de las obras de modernización de la marisma por la margen izquierda del Guadalquivir, concretamente entre Dos Hermanas y Lebrija. El juzgado de instrucción número 1 de Sevilla también investiga posibles delitos de fraude fiscal y falsedad documental tras la querella interpuesta por la Fiscalía contra los responsables de distintas empresas involucradas en ese proyecto a raíz de una inspección llevada a cabo por Hacienda en 2008 en la que se detectaron facturas falsas por valor de algo más de 1,7 millones de euros.
Concretamente, la querella se dirige contra los principales responsables de Befesa en aquella época por haber declarado como gastos desgravables facturas correspondientes a obras que nunca se hicieron. Además, la Fiscalía pide la imputación del propietario de las principales subcontratas, Manuel Moreno Maestre, por haber emitido dichas facturas a través de sus empresas Pipeline y MECI. Las facturas falsas detectadas por Hacienda se corresponden con la supuesta venta de válvulas, filtros y mallas, y por «trabajos en el proyecto de modernización de regadíos no concretados ni detallados». Además, la Fiscalía sostiene en su querella, a la que ha tenido acceso ABC, que «las comprobaciones realizadas por la Inspección han acreditado la inexistencia de los trabajos de modernización en las marismas contabilizados por Pipeline», otra sociedad administrada por Moreno Maestre, «tanto por no corresponder al ámbito de actividad de la entidad como por carecer de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social para realizar los servicios facturados».
Ante la denuncia de Hacienda, la UTE liderada por Befesa llegó a reconocer los hechos y presentó una propuesta de regularización en noviembre de 2012, aunque la Fiscalía asegura que no abonó los intereses ni los recargos legales, por lo que considera los hechos presuntamente constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública «al no constituir el pago de la cuota defraudada» un «reconocimiento voluntario y veraz de la deuda previo a la notificación por la Administración tributaria», aunque el Ministerio Público le reconoce «las atenuantes de reparación del daño y confesión» y admite que la falsedad documental, es decir, las facturas ficticias, es un delito ya prescrito.
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