La UCO califica Egmasa como agencia de «colocación» cuando la presidía Espadas

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asegura en un atestado del caso ERE sobre el expediente que se hizo en la empresa pública de la Junta de Andalucía Egmasa que esta sociedad, presidida por Juan Espadas entre 2004 y 2008, fue utilizada «para la denominada recolocación laboral». En su informe, los guardias aseguran que «de un estudio pormenorizado de las vidas laborales» de las personas incluidas en Egmasa se desprende que «la mayoría de los afectados, en su trayectoria profesional, han trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos de trabajo, pasan a percibir prestaciones por desempleo o subsidios para personas mayores de 52 años».

Para llegar a esta conclusión, la Guardia Civil se basa en el estudio de las vidas laborales de la plantilla y en las declaraciones como testigos de varios de estos afectados e incluso directivos de la empresa pública. Concretamente, los agentes tomaron testimonio al que fuera consejero delegado de Egmasa, Javier Serrano, quien declaró que «mediante el plan Infoca se contrataba a gente de los ayuntamientos y a gente que se encontraba en paro y se le colocaba en empresas de la Junta de Andalucía, en este caso en Egmasa». Un responsable de Recursos Humanos, Pedro García, añadió otro dato crucial en la investigación: «Egmasa contrataba a muchas personas que habían estado bajo el sistema de empleo rural (PER) y que todos se encontraban en edades cercanas a la jubilación». Dicho más claro: Egmasa cubría el tiempo de cotización que le faltaba a estas personas para cobrar la jubilación.

Juan Espadas fue presidente y consejero de Egmasa desde el 11 de mayo de 2004 hasta el 15 de septiembre de 2008. Su participación en el ERE de esta empresa, que la Guardia Civil también considera fraudulento, está completamente descartada, ya que dicho expediente se tramitó un año antes de su llegada a la presidencia, cargo que asumió, por cierto, en calidad de viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta. Sin embargo, el atestado policial y los documentos aportados al sumario que instruye la juez Alaya sí dejan claro que ante los avisos por parte del interventor general sobre el posible fraude que había supuesto este ERE, la empresa no tomó medidas.