La Audiencia de Sevilla también ve indicios de amaño en las oposiciones de la Policía Local

El primero de los recursos de los imputados en el caso del amaño de las oposiciones de la Policía Local celebradas en 2012 en Sevilla ha sido resuelto por la Sección Tercera de la Audiencia dando por completo la razón al juez instructor, Juan Jesús García. Los tres magistrados consideran que claros indicios de la implicación de 34 agentes «como beneficiarios de una presunta filtración de la plantilla de corrección de los casos prácticos de las respectivas oposiciones en los delitos objeto de investigación», por lo que la Audiencia considera correcta la decisión del juez número 9 de imputarlos y señalarlos responsables civiles terceros , lo que «determinaría su afectación en caso de una eventual condena» y les obligaría a devolver la placa y el dinero cobrado hasta la fecha de la posible pena.

La Sala entiende que « no se advierte sesgo ni arbitrariedad alguna en la designación de terceros civiles responsables», sino que, por contra, «como afirma el Ministerio Fiscal, la designación selectiva y cuidadosa de los terceros responsables civiles de ambos delitos no es caprichosa y sesgada, como pretenden los recurrentes, sino plena y milimétricamente ajustada al resultado de las diligencias de investigación practicadas». Es decir, la Audiencia entiende que la investigación llevada a cabo por el Grupo Especial de Policía, Gepol , contra el que los imputados también ha puesto un recurso porque consideran que no tiene competencias judiciales, ha sido exacta y, por tanto, la lista de personas que supuestamente copiaron el examen no es azarosa, sino el fruto de unas diligencias minuciosas que han terminado arrojando suficientes indicios para su imputación . Es más, los magistrados advierten de que esta decisión se toma «sin perjuicio de su posible imputación por delito de descubrimiento y revelación de secretos».

Pero éste no es el único argumento contrario a la instrucción que ha tumbado la Audiencia. En un auto emitido el pasado 29 de junio , al que ha tenido acceso este periódico, los magistrados Luis de Oro-Pulido, María Dolores Sánchez y José Manuel Holgado, que actúa como ponente, también rechazan las peticiones realizadas por el súperintendente Juan José García , imputado por revelación de secretos, y de varios miembros del tribunal . Las vías de protesta de los implicados iban en dos direcciones: la forma en que la Gepol se incautó de los exámenes —ellos consideran que fue un registro y se hizo sin secretario judicial — y la posibilidad de que los cuestionarios fueran filtrados desde la copistería que hizo las copias repartidas a los aspirantes. Varios recurrentes incluso solicitaron la declaración judicial de varios funcionarios del Ayuntamiento «para acreditar que los exámenes se intervinieron sin presencia del secretario», pero la Sección Tercera deniega esta prueba porque aclara que los exámenes no se obtuvieron a través de «una diligencia de entrada y registro, sino ante la intervención cautelar y aseguramiento de unos exámenes originales para los cuales se comisionó a la Policía por auto judicial , lo que constituye suficiente título legal habilitante».

Con respecto a la otra cuestión, los magistrados también consideran innecesario llamar a declarar a los trabajadores de la copistería porque «es clara la circunstancia referida a los abundantes errores cometidos por los opositores bajo sospecha en las preguntas elaboradas por las vocales del tribunal que eran funcionarias de la Junta de Andalucía —preguntas de la 21 a la 40 en la convocatoria de 56 plazas— y los aciertos en las demás, circunstancia que es incompatible lógicamente con una filtración completa del cuestionario de preguntas desde aquel establecimiento». Como adelantó este periódico, el principal indicio que barajó el juez de instrucción fue la casualidad de que todos los aspirantes imputados acertaron las preguntas elaboradas por los miembros del tribunal propuestos por el Ayuntamiento y la Policía Local, mientras que fallaron, o incluso dejaron sin contestar, las que hizo la vocal de la Junta. Esto lleva a la Audiencia a concluir que la petición de los imputados de que declaren los trabajadores de la copistería —cuestión que implícitamente asume la existencia de una posible filtración— «sólo es una sospecha interesada» por parte de los «apelantes imputados».

Por último, la Sección Tercera considera innecesario que se aporte la lista de los aspirantes para determinar los «vínculos familiares o de amistad con diversos cuerpos policiales o sindicatos, o Junta de Andalucía o academias en las que se prepararon», pero da vía libre al instructor para que lo haga. Por tanto, la investigación, que ya está en su fase final, seguirá su curso en el juzgado porque ni el instructor, ni la Fiscalía ni la Audiencia dudan de que aquellas oposiciones se pudieron amañar.