Caso Marismas: La Junta infló facturas por 12 millones para no perder los fondos europeos

Se pagaron cuarenta millones de euros por unas obras que sólo se ejecutaron al 60 por ciento a través de certificaciones falsas. Y, además, esas facturas inflaron los precios hasta en doce millones de euros para poder cuadrar las partidas que la Unión Europea destinaba al proyecto de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Lebrija. Esa es la rotunda conclusión a la que ha llegado la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Sevilla tras una concienzuda investigación, factura a factura, sobre la justificación de la subvención europea para este fin que gestionó la Junta de Andalucía. «El importe total de sobreprecios certificado y cobrado es de 12.093.201 euros», sostiene el último atestado elaborado por los agentes y entregado al juez de instrucción número 16 , Juan Gutiérrez Casilla, que ha imputado ya a cinco cargos públicos de la Consejería de Agricultura y a otros 16 regantes y representantes de las empresas que ganaron el concurso, supuestamente amañado según las diligencias que hasta ahora se han practicado.

Este nuevo informe policial señala también directamente al interventor delegado de Agricultura en las fechas en las que se gestionó esta subvención, entre 2006 y 2008, concretamente Juan Luque, que después pasó a la Intervención de Empleo y fue imputado por la juez Mercedes Alaya en el marco del escándalo de los ERE. Según la Guardia Civil, Luque aprobó los pagos de estas certificaciones falsas e infladas sin tener los avales obligatorios y sin comprobar ni la ejecución de las obras ni si los precios se adaptaban a lo estipulado en el concurso. Por todo ello le atribuye un delito de malversación de fondos públicos , que también suma al resto de los ya implicados, hasta ahora señalados por tráfico de influencias , negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude y exacciones, coacciones e pertenencia a grupo criminal , un tipo delictivo que impone al actual diputado socialista andaluz por Almería José Luis Sánchez Teruel , a quien los agentes aclaran que no han podido interrogar porque actualmente es aforado.

Sánchez Teruel era director general de Regadíos en la etapa en la que se concedió esta subvención de 62 millones de euros con cargo a los Fondos Feder. Los agentes aseguran en su atestado que «tenía entre sus obligaciones planificar, supervisar, coordinar, tutelar la gestión y ejecución de fondos estructurales relativos a las ayudas al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y firma cada uno de los documentos contables imprescindibles para el pago de las certificaciones desde la 28 hasta la 34 dando su conformidad a lo certificado». La razón de que se pagaron estas certificaciones por obras que no estaban hechas y utilizando facturas en las que se inflaban los precios es obvia para la Guardia Civil: «Seguimos considerando tras esta investigación que (la certificación) no fue empleada en la obra, sino que se justificó por imperativo de la Dirección General de Regadíos para no perder la subvención de ese año, que ya venían arrastrando de 2003/2004 y la UTE contratante se benefició de ellos, ya que la obra comienza a funcionar como tal en mayo/junio de 2006 y a bajo ritmo». Más claro: se utilizaron facturas falsas para no perder los fondos europeos.

El trabajo de los miembros de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil ha ido desgranando documento a documento los engordes de cada factura en todas las subcontratas: movimiento de tierras, tuberías, válvulas, alcantarillas... Esta minuciosa labor le ha permitido concluir las obras de modernización solicitadas por la Comunidad de Regantes del Guadalquivir hace una década a la Junta de Andalucía, que se presupuestó en 62 millones y obtuvo una subvención de 40 —el resto lo tenían que pagar los regantes—, fue un fraude flagrante. De hecho, oficialmente consta que la ayuda se justificó ante Bruselas a pesar de que el nuevo sistema de riego nunca se terminó de construir y, por tanto, jamás ha dado servicio a la zona , que se sigue abasteciendo con la red originaria, considerada ya desfasada hace dos décadas.