La Agencia de Protección de Datos investigó en Sevilla 362 denuncias en 2014

m. j. pereira

12/10/2015
Actualizado a las 08:12h.

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La Agencia de Protección de Datos investigó el pasado año 362 denuncias presentadas por ciudadanos, empresas y asociaciones de consumidores de Sevilla. La mayoría de esas reclamaciones estaban relacionadas con la vulneración de la Ley de Protección de Datos por parte de administraciones públicas y empresas del sector de las telecomunicaciones, financiero, la videovigilancia, los servicios de internet o la publicidad, entre otras. Sevilla es hoy la cuarta provincia de España en cuanto a denuncias ante la Agencia de Protección Datos.

El pasado año, la citada agencia imputó en procedimientos sancionadores a 18 empresas y particulares y resolvió en contra de las administraciones en cuatro expedientes sancionadores. Al margen de las denuncias recibidas, la Agencia de Protección de Datos abrió 61 procedimientos por tutela de los derechos Arco : «acceso» al ciudadano para conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento; «rectificación» para poder corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento; «cancelación» para suprimir los datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin perjuicio del deber de bloqueo recogido en la LOPD; y «oposición» del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo.

Las empresas y administraciones que manejen datos sensibles de personas (ideología, religión, afiliación sindical, salud, vida sexual, infracciones penales o administrativas) deben contar con ficheros que cumplan la Ley de Protección de Datos. En Sevilla hay 14.749 ficheros privados . La vulneración de la Ley de Protección de Datos puede llevar aparejada sanciones de entre 900 y 600.000 euros .

Entre las administraciones sancionadas por la Agencia de Protección de Datos en 2014 se cita la Diputación de Sevilla porque dos años antes su Sociedad de Informática Provincial ( Inpro ) envió más de 4.000 e-mail con nombres, apellidos, DNI y domicilios de alumnos que habían participado en cursos de teleformación impartidos por la citada empresa pública. La agencia multó con 20.000 euros a Inpro por una infracción grave y consideró que la Diputación cometió una infracción leve al no exigir por contrato a Inpro seguridad en el tratamiento de los datos de carácter públicos.

A raíz de la denuncia de un ciudadano en 2013, la Agencia de Protección de Datos declaró el pasado año que el Ayuntamiento de Sevilla infringió de forma grave la Ley de Protección de Datos al instalar cámaras de videovigilancia en los pasillos y fachada del Ayuntamiento , en la Plaza Nueva. El denunciante alegó que las cámaras captaban imágenes de la vía pública.

La agencia inspeccionó el lugar y verificó que había diez carteles informativos de las cámaras en las vías públicas que circundan el edificio y que 7 de las 20 cámaras del sistema de videovigilancia del Ayuntamiento -algunas con zoom- captaban espacios públicos . La instalación de ese sistema de videovigilancia data de 1990, no teniéndose constancia de la solicitud de autorización a la delegación del Gobierno para las cámaras exteriores, aunque existía un fichero de esas cámaras en el registro general de Protección de Datos. Finalmente, la Agencia de Protección de Datos abrió un expediente al Ayuntamiento, comunicándolo también al Defensor del Pueblo.

En agosto de 2014 se presentó una queja contra el hotel Platería de Écija por instalar cámaras hacia la entrada y la terraza de su establecimiento. Tras la queja, las cámaras fueron reorientadas, aunque seguían captando imágenes de la vía pública. Este año, la Agencia de Protección de Datos le ha apercibido por infracción grave, advirtiéndole que la sancionaría si no retiraba la cámara o la reorientaba sin que capte imágenes de la acera o de la vía publica .

En 2015 la Agencia de Protección de Datos multó con 3.500 euros a la empresa Persavi Sport Club Santa Justa, en la calle José Laguillo, porque tenía instaladas cámaras de videovigilancia, en cuyos monitores aparecían f otografías de la persona que accedía al establecimiento y quedaba a la vista de todas las personas que se encontraba en el vestíbulo, sin que previamente se hubiera informado ni solicitado autorización a los clientes. Además, se sancionó al citado gimnasio por dar información de los clientes a entrenadores que prestan servicio en ese establecimiento.

La Federación Andaluza de Asociaciones y Consumidores denunció ante la Agencia de Protección de Datos que a uno de sus asociados en Sevilla se le había cargado un recibo de Zurich de 118,69 euros sin que hubiera autorizado la contratación de una póliza de seguro de hogar ni a la citada compañía ni a un mediador. La agencia sancionó en 2015 a Zurich con 6.000 euros por infracción grave.

En 2014 cinco personas denunciaron que la entidad Mastocados les envió mensajes no autorizados de publicidad y ofertas de productos -pamelas, velos, bisutería y otros abalorios- a sus respectivas cuentas de correo electrónico sin mediar relación contractual previa entre ellos. La empresa alegó que los denunciantes se encontraban relacionados de alguna forma entre sí y con entidades competidoras, por lo que pidió la suspensión del procedimiento sancionador de la Agencia de Protección de Datos, que sancionó con 7.400 euros a la empresa por una infracción leve.

En 2013 un ciudadano denunció que había recibido un mensaje electrónico del Ayuntamiento de Dos Hermanas dirigido a 121 destinatarios sin ocultar sus direcciones de e-mail. El correo tenía como asunto: «Nueva apertura del servicio Andalucía Orienta de Dos Hermanas y traslado de oficina». El Ayuntamiento negó tener relación alguna con ese servicio, aunque admitió que le prestó un local para desarrollar su actividad. La agencia declaró que el SAS había cometido una infracción grave de la Ley de Protección de Datos.

El junio la Agencia de Protección de Datos sancionó a Print Laser Spain con una multa de 1.000 euros por el envío publicitario que recibió una persona para realizar una excursión en un crucero por Sevilla patrocinada por una compañía de salud. La agencia concluyó que Print Laser Spain usó ficheros cuyo origen no acreditó , por lo que le imputó por el uso de datos sin consentimiento grave.

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