El Ayuntamiento disuelve la unidad que destapó el amaño de la Policía

El Grupo Especial de la Policía Local , Gepol, que ha investigado el presunto amaño de las oposiciones de acceso al Cuerpo en 2012, fue disuelto ayer por el gobierno local antes de comunicárselo al juez que instruye el caso, Juan Jesús García, a pesar de que el magistrado había ordenado al alcalde, Juan Espadas , que no tomara ninguna medida sobre los componentes de esta unidad de asuntos internos sin darle cuenta antes a él. El gobierno municipal aseguró ayer a este periódico que tenía previsto notificarle esta decisión a lo largo del día de ayer o, como muy tarde, hoy. Pero antes de informar al instructor, ejecutó la medida que ya estaba anunciada. El delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera , acordó con la fiscal jefe que disolvería esta unidad creada por Alfredo Sánchez Monteseirín cuando finalizara su investigación sobre los supuestos desvíos en el montaje de la Feria por parte del funcionario Rafael Carretero. La Fiscalía culminó sus diligencias la semana pasada y presentó la denuncia, por lo que el gobierno consideró que ya podía proceder a eliminar el Gepol , una reivindicación del sindicato policial, Sppme , que tiene un implicado directo y varios familiares de sus miembros procesados en el caso de las oposiciones. El argumento principal tanto del sindicato como del gobierno para ejecutar esta disolución es que el citado Gepol no está incluido en la Relación de Puestos de Trabajo de la Policía, situación en la que también se encuentran otras unidades, como el Grupo Giralda, sobre las que no se ha pronunciado el alcalde.

En este contexto, el pasado viernes los dos componentes del Gepol que están en activo —hay un tercero que se encuentra de baja desde hace más de un año— presentaron un parte médico en el Ayuntamiento que recomendaba la retirada del arma para ambos por cuestiones psicológicas, según ha podido saber ABC. El servicio de Prevención municipal ratificó el informe del Servicio Andaluz de Salud e instó a retirarles la pistola , por lo que estos policías ya no podían seguir trabajando en la calle según el reglameto, que reserva a este tipo de agentes sin arma sólo para labores administrativas . Ante esta situación sobrevenida, uno de los jefes policiales que también tiene a un familiar procesado en la causa comunicó ayer sus nuevos destinos a ambos: uno irá a la comisaría de Nervión y el otro al servicio de comunicaciones. Posteriormente se formuló la notificación para el juzgado, ya que el pasado 13 de octubre éste emitió un auto en el que acordó «requerir al alcalde del Ayuntamiento de Sevilla» para que «se notifique a este juzgado cualquier cambio que se produzca en la situación administrativa o laboral de los actuales componentes del grupo de la Policía Local Gepol, o cualquier cambio que pueda afectar al acceso por dichos miembros al material de trabajo y a los archivos de las investigaciones efectuadas en esta causa que se encuentren en las actuales dependencias». Es más, el juez indicó expresamente que «se toma en consideración el conocimiento notorio de la previsible disolución del grupo Gepol, con reubicación de sus integrantes».

Lo que el magistrado exige es que cualquier modificación en su situación laboral le sea notificada por una razón crucial para el proceso: este grupo custodia la documentación que servirá de prueba en el juicio. Si esos documentos pierden esa cadena de vigilancia, podrían dejar de ser válidos, por lo que toda la investigación se frustraría.

El gobierno municipal recalcó ayer a este periódico que pese a los nuevos destinos de los componentes del ya extinto Gepol, «ellos mantendrán las llaves del lugar en el que están los documentos y seguirán custodiándolos», por lo que entiende que no habrá perjuicios en ese sentido. Además, incidió en que «no es el Ayuntamiento el que les ha cambiado las funciones, sino ellos los que han pedido el cambio. No es la jefatura la que disuelve, sino que son ellos los que cambian la situación al entregar las armas porque no pueden seguir en la calle en esa situación». Sea como fuere, la unidad de asuntos internos cuya investigación ha sentado en el banquillo a 46 personas , entre ellas el superintendente Juan José García, un alto cargo del sindicato y una veintena de familiares directos de otros agentes, ya es historia.