Parcela de Villanueva del Ariscal objeto del litigio
Parcela de Villanueva del Ariscal objeto del litigio - ABC
Nueva condena por prevaricación

Las condenas a alcaldes, ejemplos de la «mala gestión» del PSOE de Sevilla

El PP denuncia que la nueva sentencia contra el exalcalde de Villanueva del Ariscal es otro caso más y que el PSOE recoloca a los condenados

SEVILLAActualizado:

Nueva condena por prevaricación a un exalcalde del Aljarafe que pone en evidencia la gestión del PSOE en la provincia. El exalcalde de Villanueva del Ariscal, el socialista José Castro Jaime, y cuatro concejales de la anterior corporación municipal han sido condenados a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación al no cumplir una sentencia anterior que les ordenaba demoler una urbanización en esa localidad.

La sentencia condena a Castro y a Juan Curado, Santiago Pineda, María Dolores Bravo y Wenceslao Pinto, todos de la anterior corporación por prevaricación porque «dictaron resoluciones administrativas arbitrarias a sabiendas». El fallo considera que el exalcalde «ha tenido plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto» y que lo hizo «con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad».

Ayer el secretario del PP de Sevilla, Andrés Parrado, dijo que el de Villanueva es un ejemplo más de la «mala gestión del PSOE» en la provincia de Sevilla tras otras condenas a otros exalcaldes como ha ocurrido en Gerena, Huévar o Almensilla.

«Lo que el PSOE hace con ellos es darle una patada hacia arriba y colocarlos de asesores», denunció Parrado en referencia a que Castro y Bravo sean asesores en la Diputación provincial de Sevilla (de la que Bravo llegó a ser vicepresidenta) o que Wenceslao Pinto sea ahora concejal de Ciudadanos. En este sentido también criticó que no sea el primer exconcejal socialista que se pase a la formación naranja.

La cuestión hace referencia a una sentencia anterior de un juzgado de primera instancia que resolvió en enero de 2007 a favor de un particular, F.M., para que se restableciera la cota del terreno al nivel anterior a la construcción de una urbanización que impedía no sólo las vistas sino el paso al propietario de una vivienda. Esa sentencia ordenaba realizar las obras para preservar la propiedad del demandante y reparar las grietas del muro. El Ayuntamiento no sólo no llevó a cabo la obra sino que continuó edificando por encima de la cota.

El abogado Luis Giménez Torres, que representó al demandante, valoró de forma positiva la sentencia y se mostró satisfecho porque «era una prevaricación evidente».