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AGRESIONES A PROFESORES

Disminuyen las agresiones a docentes en Sevilla pero crecen los casos de ciberacoso

El Defensor del Profesor tramitó 23 ataques graves a profesores en la provincia. Casi la mitad de ellos se produjeron en Infantil y Primaria

Alumnos utilizando tabletas durante el transcurso de una clase SAN BERNARDO

CRISTINA AGUILAR JAENES

La práctica abusiva por parte de los menores de los teléfonos inteligentes y tabletas o su consumo sin la supervisión de los padres pueden generar efectos negativos y hasta peligrosos. Uno de ellos es el ciberacoso a profesores dentro de las aulas. En este sentido, el sindicato ANPE-Andalucía ha presentado el informe del Defensor del Profesor en el que alerta de que la incidencia del ciberacoso de alumnos a docentes ha pasado del 4 al 20% en un año . «Pese a estar prohibido el uso de teléfonos móviles en las aulas, los adolescentes los utilizan, graban y hacen fotos, modifican el aspecto de la persona y lanzan ese producto a las redes sociales, donde reciben comentarios en tono burlesco e incluso agresivo del resto de alumnos», señala el coordinador nacional del servicio del Defensor del Profesor de ANPE, Jesús Niño .

Aun así, a nivel andaluz, según los datos del informe, el número total de agresiones verbales o físicas a profesores ha disminuido ligeramente: de los 161 casos atendidos en el curso 2014-2015 a los 146 del pasado curso 2015-2016. Un descenso que apenas se aprecia en la provincia de Sevilla , que sólo ha registrado una agresión menos de un año a otro (de 24 a 23).

Familiares de alumnos. El 59% de los casos registrados, los profesores sufrieron acoso y amenazas por parte de los familiares de los alumnos, llegando a la agresión física el 5%

El servicio del Defensor del Profesor, creado por ANPE en 2005 para la asistencia jurídica y psicológica a los profesores víctimas de la conflictividad escolar, atendió a nivel estatal 1.961 casos. Esto es, los registrados en Andalucía suponen el 7,45% del total .

En lo que respecta a los hechos protagonizados por el alumnado, un 63% de los casos están relacionados con las dificultades para desarrollar con normalidad la labor docente, ligadas a menudo a faltas de respeto y agresiones verbales sufridas por el profesorado. Esta violencia se manifiesta de un modo más extremo mediante agresiones físicas, en el 11% de los casos, y daños en propiedades del profesorado , en el 6%.

En cuanto a las agresiones cometidas por los familiares de los alumnos , un 59% de los casos se corresponde a situaciones de acoso y amenazas. Un dato que baja respecto al curso anterior, cuando se situaba en el 67%. Disminuyen también las agresiones físicas (del 5 al 8%), se estabilizan en el 6% las presiones por parte de los progenitores para modificar las notas y sube considerablemente las falsas acusaciones y denuncias de padres, del 19% en el curso 2014-2015 al 30% en el curso pasado.

Por etapas educativas , el 49% de los hechos se han producido en Educación Infantil y Primaria . Una cifra que decrece en comparación con el curso 2014-2015 (53%) como consecuencia del aumento de las agresiones en Secundaria y Bachillerato , que del 38% pasan al 43% en 2015-2016. El resto, el 8%, los responsables fueron alumnos y familiares de éstos de FP, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

Actitudes agresivas. Respecto a los hechos producidos por los alumnos, el 11% de los casos se manifestó de un modo más extremo mediante agresiones físicas a los docentes

Como producto de estas complicadas situaciones que se producen en las aulas (o fuera de ellas), más de la mitad de los docentes que acudieron al Defensor del Profesor admitieron haber sufrido ataques de ansiedad, depresión, bajas laborales e, incluso, algún caso se había concluido en el abandono de la docencia.

Desde ANPE y el Defensor del Profesor, entienden que para avanzar en la reducción de los problemas de convivencia en las aulas andaluzas «es necesaria una mayor dotación de recursos , especialmente en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas», tal y como apuntan la coordinadora autonómica del Defensor del Profesor, Charo Siguero , y el secretario de comunicación de ANPE-Andalucía, Antonio Brea .

Igualmente, desde ANPE siguen exigiendo a la Junta de Andalucía que dote al profesorado «de autoridad pública en el ejercicio de su función a través de una norma con rango de Ley, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas». Otra de las reivindicaciones es la inversión en formación específica del profesorado en materia de resolución de conflictos y «la reducción de la creciente carga burocrática que lastra su ejercicio docente».

A nivel estatal, demandan al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que elabore e implante, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar «que armonice la actual dispersión y disparidad normativa en materias fundamentales como la prevención del acoso, las sanciones a las conductas contrarias a la convivencia, la asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia en el ámbito escolar, la reeducación de los agresores o la autoridad del profesorado».

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