Miguel Ángel Rojas va a pagar a plazos la comunidad
Miguel Ángel Rojas va a pagar a plazos la comunidad - VANESSA GÓMEZ
VPO DE SAN BERNARDO

«¿Dónde están los 50 euros de comunidad que pagamos a la Junta?»

Los vecinos emprenderán acciones legales pues dicen que les están cobrando cantidades que no figuran en sus contratos

SEVILLAActualizado:

Los 110 vecinos de las viviendas protegidas de San Bernardo se sienten estafados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) dependiente de la Junta de Andalucía y van a emprender medidas legales para reclamarle los 50 euros mensuales que les está cobrando — en total más de 66.000 euros al año— en concepto de gastos comunes que, según señalan, no figuran en el contrato de arrendamiento. Estas VPO las dieron el 5 de mayo del 2016 y «desde el primer momento no están cumpliendo lo que prometieron», dice Myriam García Sánchez, presidenta de la asociación de vecinos de Juan de Mata Carriazo.

En el contrato de arrendamiento se indica en la estipulación tercera dedicada a la renta y cantidades asimiladas que el arrendatario asume el porcentaje del 1% de la renta en concepto de gastos de gestión de servicios comunes del alojamiento, IBI y los suministros. «A pesar de esto —sigue— se nos está exigiendo la cantidad de 50 euros mensuales para el pago de gastos comunes/mantenimiento, concepto que no se recoge en el contrato ni nos justifican. Se les ha solicitado explicación y después de un año seguimos sin una comunicación alguna al respecto».

Agrega que comenzaron a cobrarse junto con la mensualidad hace dos meses, sin especificar concepto, con lo que hemos pasado de pagar 160,95 euros a 210,95.

Además, el pasado 5 de mayo se extinguió su contrato, al igual que de otros muchos vecinos, y le mandaron una carta diciéndole que cumple los requisitos de renovación, pero que como no pague todo el mantenimiento de 50 euros de estos meses atrás que ellos no se han cobrado, «me harán un contrato de tres meses para ponerme al día y no anual y luego, a la calle».

Apunta que hay más de 30 viviendas sin ocupar y que si estuvieran habitadas seguramente la cuantía de la comunidad bajaría. También existen más de 300 plazas de garaje vacías y una cafetería totalmente instalada que no adjudican.

Por otro lado, en relación al IBI a pesar de venir en el contrato, «el cual se firmó ya que sino no teníamos acceso a esta vivienda, todos los vecinos han pedido la bonificación por parte del Ayuntamiento, y cómo se realizará el pago, a lo que tampoco hemos recibido respuesta alguna y nos lo han empezado a pasar también en la mensualidad».

«Seguimos sumando y estamos pagando ya 224.93 euros sumando 13,98 de IBI del 2016. Les hemos solicitado nuestro recibo de haber pagado y tampoco nos lo dan ya que está registrado el edificio al completo en el catastro, pero no por vivienda», destaca.

«Quiero también hacer hincapié en que el ingreso, de todas estas cuantías tenemos que hacerlo a una cuenta corriente que ellos nos dan, que no se sabe de quién es. Por miedo hay muchos vecinos que han pagado para no quedarse en la calle y lo están pagando como pueden. Esta cuenta es la misma en la que tuvimos que desembolsar casi 700 euros de fianzas al principio de entrar en las viviendas», termina.

Otro vecino afectado —son menores de 35 años y mayores de 65— es Miguel Ángel Rojas. Es pensionista y percibe al mes 763 euros para él y su mujer que está inválida y no tiene prestación alguna.

Debe 300 euros y los va a pagar en seis meses pero «iré a la Guardia Civil porque nos están estafando ya que en el contrato no figuran los 50 euros de comunidad que tenemos que abonar ni los 13,98 de IBI».

«Aquí hay un desfase por parte de Avra... lo que antes era Epsa...», apostilla en tono irónico que para recordar el pasado de esta empresa.

Fuentes de Avra dicen que en el contrato no figura la cuantía exacta de ese concepto, ya que a la firma del mismo aún se desconocía su importe definitivo y que a los vecinos se les ofreció verbalmente una estimación aproximada de unos 50 euros.

«De hecho, todos los alojados firmaron antes del contrato una declaración responsable en la que admitían conocer las cuantías que deberán abonar en concepto de alquiler, gastos de servicios comunes e IBI».

Añade Avra que el desglose de los gastos en los que se sustenta la cuota que deben abonar los alojados está a disposición de todos los inquilinos en las dependencias administrativas que tiene en el propio edificio de alojamientos y que también fue informada, puntualmente, la asociación de vecinos de estos gastos.

Igualmente detalla los costes que se repercuten:

- Coste de los servicios contratados: Se ha prorrateado el coste de los servicios de mantenimiento de aquellos espacios vinculados al uso real de los alojados, por tanto solo no se repercute el coste correspondiente a los espacios de los tres sótanos de garajes, cafetería, salas polivalentes y aseos comunes.

- Coste de consumos: Para el cálculo de los consumos, se ha seguido el mismo criterio de repercusión que con el coste de los servicios contratados, lo cual es posible al tener contadores independientes Nunca se ha considerado en la repercusión el coste de las fianzas, ni tampoco los pagos iniciales para contratación de los distintos suministros.

- Otros costes: Se han venido produciendo reposiciones de elementos (por rotura, desgaste, mal uso, robos, actos vandálicos,…) como reposición de lámparas, elementos de porterillos, carga de extintores vaciados, actualización de canales de TV..., que tampoco se han repercutido en este cálculo.

«Con todos estos criterios, Avra considera evidente que la justificación de estos costes se ha realizado a la baja. A pesar de ello la repercusión arroja una cantidad aproximada de 67 euros al mes por alojado. La repercusión se ha realizado, lógicamente, entre los 139 alojamientos y Avra asume, además del coste de los espacios no repercutidos, el de los alojamientos no adjudicados, aportando esa parte que en ningún caso es soportada por los residentes», señalan en la agencia andaluza.

Termina destacando que «las rentas se domiciliaron en octubre de 2016, una vez que estuvo normalizada la facturación, mientras que las cuotas de mantenimiento están domiciliadas desde marzo de 2017. En cuanto a la cafetería, se están elaborando los pliegos para iniciar el proceso de adjudicación y en ningún caso tendrá repercusión en los costes sufragados por los residentes».