Alfredo Sánchez Monteseirín
Alfredo Sánchez Monteseirín - ROCÍO RUZ

Las facturas que dejó Monteseirín suman ya 300 millones de euros

La nueva condena de cuatro millones al Ayuntamiento confirma que aquel gobierno sigue en vigor: con su deuda se habría hecho la línea 3 de Metro

SEVILLAActualizado:

La herencia que Alfredo Sánchez Monteseirín le dejó a la ciudad tras sus doce años como alcalde tiene dos perspectivas. Sus allegados defienden que el socialista ha sido el único político que ha llevado a cabo un plan de desarrollo de Sevilla después de la Expo, lo que se traduce en una línea de Metro, la peatonalización de las principales calles del Centro, la recuperación de las degradadas plazas de la Alameda y la Encarnación y la apuesta por la bicicleta. Los más entusiastas incluyen también entre sus logros el tranvía en lugar de la red completa de Metro y la construcción del rascacielos de la Caixa, en cuya tramitación urbanística fue clave su pasividad.

Pero el análisis de su gestión también tiene un segundo punto de vista que todavía mantiene a Monteseirín plenamente vigente como autoridad de la ciudad: el lastre económico que dejó. La hipoteca de su gestión está siendo demoledora para sus sucesores, que ven como periódicamente los tribunales emiten sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento por proyectos que se planificaron en su época con absoluta improvisación y desprecio a las normas. La última de ellas es la que obliga a pagar un millón de euros más por las Setas. Pero la roncha crece día a día y en estos momentos es difícil de cuantificar. No obstante, un repaso somero a los desaguisados que se han conocido hasta ahora permite hacer una primera valoración del coste real que para los sevillanos ha tenido el gobierno de Monteseirín y Torrijos.

La factura comienza con los 52 millones de euros que había en los cajones en 2011, cuando Juan Ignacio Zoido llegó a la alcaldía. El interventor sólo tenía contabilizadas facturas por valor de 15,2 millones, pero en los primeros meses del nuevo mandato afloraron otros 37 millones de euros correspondientes a obras antiguas en los distritos y distintos suministros impagados que ni siquiera tenían expediente.

Por ahí empezó la sangría. Pero la máquina registradora de los agujeros de Monteseirín pronto presentó otros dos problemas graves. La constructora que había hecho la ampliación de Fibes presentó al nuevo alcalde una factura de 13 millones de euros que estaban sin abonar y de la que nadie tenía conocimiento. Ese proyecto sufrió una ampliación imprevista con respecto al diseño original que la empresa cifró en este sobrecoste. Tras un periodo largo de negociación, Zoido logró que la factura se rebajara a siete millones. Segunda roncha heredada. Pero todavía estaba por venir lo peor. En 2015, el TSJA condenó al Ayuntamiento a pagar 36 millones a Sacyr por el desequilibrio de las Setas de la Encarnación. El varapalo fue tan duro que el gobierno municipal, ya en manos de Juan Espadas, puso a todos los servicios jurídicos a trabajar para rebajar esa factura a toda costa. Finalmente, se logró una reducción casi milagrosa y la condena se quedó en 2,5 millones.

Pero cuando todo parecía que recuperaba la normalidad, los tribunales emitieron otra sentencia demoledora: la de Mercasevilla. La empresa Sando ganó su pleito contra la lonja pública por la paralización de su traslado a Majaravique después del escándalo de las comisiones, cuya grabación desveló que el mercado había maquillado sus cuentas y estaba en quiebra. La constructora había firmado con Monteseirín unos derechos de superficie sobre unas naves que nunca pudo utilizar. Conclusión: otros 8,5 millones de euros de indemnización.

El siguiente agujero se descubrió en Emasesa. El Ayuntamiento llevaba desde el año 2000 sin pagar el agua de sus edificios públicos. La factura que se encontró Espadas era de 16,5 millones de euros más. A estas alturas de la cuenta, vamos por 86,5 millones de euros. Los cuatro millones que se suman hoy en el pleno convocado por el PSOE para pagar indemnizaciones al Teatro de la Maestranza -jamás Monteseirín abonó su cuota al Consorcio-, al aparcamiento subterráneo de Aussa en el Arenal y a Resipark elevan la cifra a los 90,5 millones. Y si se le suman las condenas por los aparcamientos de esta última empresa que nunca se llevaron a cabo, la deuda llega a los cien millones de euros.

Pero todavía hay un problema más que está sin resolver y que será el más dañino de todos: el de los convenios urbanísticos. La dupla Monteseirín-Torrijos se gastó el dinero que habían depositado las empresas promotoras para el desarrollo urbanístico de la ciudad. En total, el Ayuntamiento cobró por estos convenios 200 millones de euros, con los que tendría que ejecutar las obras de urbanización de los nuevos suelos conforme se fueran emitiendo las licencias. La crisis frenó aquel impulso y el alcalde decidió recurrir al principio de caja única. Es decir, se gastó esas cantidades en otras cosas, como las Setas de la Encarnación, la reurbanización de la Alameda o los carriles bici. Sin embargo, el acuerdo con las promotoras sigue vigente y el Ayuntamiento está obligado a cumplir con ellas, pero no tiene el dinero en la caja. Recientemente, un grupo de constructoras propietarias de los terrenos de Santa Bárbara, en Sevilla Este, han presentado una reclamación ante el Ayuntamiento de 75,4 millones de euros por el incumpliento de aquellos convenios urbanísticos. Desarrollo Urbanístico de Sevilla Este, Duse, compuesto entre otras por Sando, rubricó un convenio con el gobierno municipal el 25 de julio de 2003 para el desarrollo como zona residencial de los terrenos de Santa Bárbara y Torre de las Cabras. La crisis frenó la propuesta, que ahora ha vuelto a reactivarse. De ahí la reclamación. Pero ésta es sólo la primera. Y Juan Espadas lo sabe, de ahí que esté negociando con las empresas para que retrasen sus exigencias, ya que ahora mismo es imposible cumplir con ellas. Pero tarde o temprano esa factura habrá que pagarla. Por lo tanto, la suma definitiva es redonda. Desde que Alfredo Sánchez Monteseirín se fue del Ayuntamiento hace seis años hemos pagado cien millones de euros imputables a su gestión. Y todavía hay que abonar los 200 de los convenios urbanísticos. En total, 300 millones. Más o menos lo que cuesta hacer la línea 3 de Metro.