VIVIENDA
Inquilinos «vulnerables» reclaman a la Junta dinero cobrado que no aparece en los contratos
Irán a los tribunales por el reintegro de cantidades que superan los 7.000 euros
Siete inquilinos de una promoción de viviendas protegidas para colectivos especialmente vulnerables han interpuesto una demanda contra la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) en la que le piden la devolución de 7.606,22 euros indebidamente cobrados como consecuencia del contrato de arrendamiento que tienen con esa entidad adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda. Se trata de una promoción de VPO situada en San Bernardo, en la calle Juan de Mata Carriazo número 12, destinada a personas menores de 35 años y mayores de 65, con rentas bajas, que entre mayo y junio de 2016 firmaron sus contratos de arrendamiento por un año, prorrogables por períodos iguales, siempre que cumplan las condiciones económicas y de edad, y se encuentren al corriente de los pagos.
En el bloque hay 139 viviendas pero en la actualidad, según Rocío Cabral Fernández, la abogada que lleva el caso con el letrado José Manuel Sánchez Romero, en unas cien hay inquilinos y también están afectados por los pagos indebidos objeto de la demanda.
El malestar de los vecinos, que se constituyeron en asociación para defender mejor sus intereses , arranca desde que comenzó la vigencia del contrato y ha dado lugar a varias quejas en los medios de comunicación y reuniones con Avra que no han surtido efecto por lo que estos siete afectados han optado por la vía judicial. La demanda admitida a trámite el pasado día 7 destaca que los contratos regulaban unas condiciones «poco claras e imprecisas que han dado lugar a este procedimiento» y que la «empresa repercute unos gastos que no ha contemplado» en el documento y que además «se niega a dar cifras que justifiquen el importe de las cuotas repercutidas».
Servicios comunes
Entre los gastos de los vecinos, además de la renta mensual, figura el 1% de esa cantidad en concepto de gestión de servicios comunes del alojamiento, así como la repercusión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) , que se les prorrateará mensualmente.
Respecto al IBI, los vecinos creen lógico, según consta en la demanda, pagar desde el 1 de enero de 2017 ya que los contratos comenzaron su vigencia en mayo y junio de 2016 pero Avra les gira la cantidad proporcional de esos meses. «Esta parte entiende que si los demandantes no tenían vigentes sus contratos en la fecha de devengo no les corresponde que abonen ese impuesto», se recoge en la demanda. Pero además, el Ayuntamiento aprobó una bonificación del 95% de la cuota de ese IBI para los alojamientos titularidad de Avra destinados a alquiler que tenía que comenzar a aplicarse en 2016 y a los vecinos no se le ha descontado.
Nuevas cuotas
Otra queja que estacan en la demanda es que en junio de 2016 y en plena vigencia del contrato Avra comunicó a los vecinos a través del tablón de anuncios del inmueble que «deben abonar junto a lo establecido en el contrato la cantidad de 50 euros mensuales en concepto de gastos de servicios comunes, una cuota que no se estipulaba en el clausulado ni siquiera una cantidad orientativa o una mención a su posterior determinación».
Teniendo en cuenta que el importe medio de la renta de estas VPO es de 160 euros al mes la suma de esa serie de gastos que desconocían «supone un importante trastorno para estos inquilinos que pertenecen a colectivos especialmente vulnerables».
Los vecinos han pagado por miedo a perder la vivienda pues, cuando se aproximaba la fecha de la renovación de sus contratos, Avra les advertía de que para seguir tenían que estar al corriente de pagos, incluidos mantenimiento y el IBI.
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