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ATENCIÓN PRIMARIA

Médicos advierten de que, según los planes del SAS, ellos no podrían atender casos urgentes

Piden que se informe de la «gestión compartida de la demanda» y de las responsabilidades de todo tipo de los profesionales

La Enfermería es una pieza clave de la asistencia sanitaria ABC

A.F.LÉRIDA

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Sindicato Médico Andaluz ha emitido un comunicado conjunto en el que afirman que los protocolos de atención compartida de la demanda aguda no demorable que ha puesto en marcha el SAS « no han sido consensuados con los colegios profesionales que son los órganos exclusivos de representación de la profesión médica y responsables de su regulación lo que supone una garantía constitucional para los derechos de los pacientes y la calidad asistencial que la administración no puede obviar arbitrariamente».

Sostienen que la ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias dispone expresamente que son competencias médicas los procesos de d iagnóstico, indicación de tratamiento terapéutico y rehabilitación de los pacientes, de forma exclusiva en su ámbito de actuación.

«La filosofía de competencias que promueve la Consejería de Salud rompe con el modelo de formación universitario de calidad por cualificación. La profesión de Enfermería aúna las máximas cotas de calidad asistencial y preparación al igual que los médicos y, en este sentido, debemos mantener y propiciar el sistema actual de colaboración entre ambas profesiones. Sin embargo, esta deseable coordinación debe atenerse y basarse en las respectivas competencias asistenciales y por especialización dentro de cada profesión, garantizando los mejores niveles de calidad en la asistencia sanitaria», destaca la nota.

Aseveran también que es necesario informar de estos cambios a la población y de lo que va a suponer para la atención sanitaria prestada por el SAS, «poniendo en su conocimiento que según estos protocolos, cuando un paciente enfermo requiera una consulta de atención primaria o un dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU), es probable que no vaya a ser atendido por un médico, sino por otro profesional sanitario».

También piden que desde la Consejería se informe debidamente a los profesionales sanitarios de las responsabilidades de todo tipo (deontológicas, civiles y penales) en las que pueden incurrir en caso de asumir competencias sanitarias que no les corresponden.

No pasan por alto que «desde el punto de vista laboral, es evidente la carencia de médicos de familia en Atención Primaria que debe ser resuelta mediante la contratación de facultativos con la titulación adecuada» y por otra parte, «no obligando a la jubilación de médicos que a los 65 años de edad están en perfecto estado de capacitación para una correcta atención a la población».

«No es admisible que este déficit sea solucionado contratando personal no facultativo y/o no cualificado legalmente para llevar a cabo acciones diagnósticas o terapéuticas, reservadas en exclusiva a la profesión médica», termina el comunicado.

Fueron el Colegio de Médicos de Sevilla y el Sindicato Médico de Sevilla los colectivos que han denunciado cómo el SAS pretende que las enfermeras suplan a los médicos de los centros de salud en determinados procesos y patologías que presentan los usuarios y que además son graves a través de lo que denomina «gestión compartida de la demanda».

Según dijeron hace unos días en una comunicado los facultativos se oponen radicalmente a esa medida porque eso significa que las enfermeras podrán explorar un abdomen, ver de dónde viene un dolor lumbar o si los vómitos de un paciente responden o no a una enfermedad grave. Es decir, tareas de diagnóstico, aunque también se contemplan las de tratamiento.

Estos colectivos ven en el los planes del SAS «un intrusismo del personal de Enfermería pues no podemos aceptar que las tareas propias de nuestra profesión sean asignadas a profesionales que carecen de la formación adecuada, devaluando la importancia de la exploración clínica, poniendo en peligro la seguridad de los pacientes y eludiendo la adopción de medidas que incentiven adecuadamente a los médicos y eviten su fuga del sistema público».

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