La jueza Mercedes Alaya, en uno de los salones del Cortijo Torre de la Reina, donde tuvo lugar la entrevista - J. M. SERRANO
ENTREVISTA

Mercedes Alaya: «Susana Díaz podría malversar si no reclama los 850 millones de los ERE»

La juez sevillana subraya que «los políticos no pueden renunciar jamás a recuperar dinero que es público»

SEVILLAActualizado:

Actualmente se desarrolla en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio por la financiación de ERE con ayudas concedidas por la agencia IDEA, de la Junta de Andalucía, sin acogerse presuntamente a la normativa ni con un control posterior. Más de 22 exaltos cargos de la Junta están acusados, entre ellos dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como varios exconsejeros de la Junta. El caso de los ERE fue destapado por la jueza Mercedes Alaya, que asegura que lo dejó prácticamente instruido antes de ocupar una plaza de magistrado en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Junta ha renunciado a la acusación particular en el caso de los ERE, así como al ejercicio de la acción civil, que supone renunciar a recuperar los 850 millones de euros de las ayudas sociolaborales. ¿Qué opinión le merece?

La renuncia al ejercicio de la acción civil en dicho procedimiento penal me parece una actuación desleal con el patrimonio público que gestiona la Junta, contraria a los intereses generales y a la Constitución y demás normativa nacional y autonómica, y que además podría ser constitutivo de un nuevo delito de malversación, lo cual podría generar responsabilidades penales. Ello está establecido específicamente en el nuevo artículo del Código Penal de la malversación, que se titula «administración desleal del patrimonio público». Y hay que tener en cuenta que el tiempo para ejercer esa acción de restitución por parte de la Administración son cinco años desde que pudo recuperarse el dinero.

Por tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, podría incurrir en mi opinión en un delito de malversación si no reclama ese dinero. Los políticos tienen que actuar siempre en favor del interés general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un dinero que es público. Con independencia de que sea delito o no, ese dinero hay que reclamarlo porque se ha concedido bajo un procedimiento ilegal. Se está debatiendo actualmente en el juicio de los ERES si esa ilegalidad es penal, pero lo que está claro es que era un procedimiento administrativo ilegal. De hecho fueron muy numerosas la resoluciones de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nos remitían a la causa de los ERE, copias de reclamaciones hechas a la Junta de Andalucía por empresarios para reclamar sus subvenciones, afirmando los magistrados de dicha sala que el expediente y la resolución administrativa de concesión suponía un absoluto desprecio por el Derecho.

¿Es bueno acotar el tiempo de instrucción de las macrocausas?

No. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, y yo misma, estamos en contra. De hecho, se está elaborando un anteproyecto para eliminar ahora esa limitación que nunca debió existir. ¡Quién va a tener más ganas de terminar una instrucción que el propio juez o el fiscal! Los jueces y fiscales de las distintas asociaciones han hecho un comunicado, para reclamar precisamente la derogación del sistema de los plazos de instrucción.

¿Está en contra de despiezar las macrocausas?

Divide y vencerás. No es que esté en desacuerdo, al contrario estoy absolutamente a favor para agilizar el trabajo siempre que ello sea posible, como yo misma lo he hecho siempre que podido. Pero hay determinados temas que no pueden verse por separado porque están absolutamente entrelazados. Difícilmente te puedes enterar de las ayudas socioalaborales si no ves al mismo tiempo cómo se concedían, presuntamente sin documentos, ni solicitud alguna, aparentemente sin control ni seguimiento de la Ley de Subvenciones. Hay macrocausas que no pueden dividirse porque puedes llegar a la disyuntiva de absolver en la pieza política a los imputados y, sin embargo, que se condene a los empresarios y funcionarios menores en los juicios posteriores que se van a celebrar en las piezas de las ayudas sociolaborales, juicios que tendrán que celebrarse antes de la firmeza de la sentencia de la pieza principal y que podrán dar lugar a sentencia contradictorias. No obstante esta decisión de dividir no ha venido motivada por una elección personal, sino más bien impuesta por la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la decidida intención de acabar con los macroprocesos. Al menos en la fase de investigación judicial no podrán acabar con dicha medida.

¿Por qué no despiezar la causa de los cursos de formación?

Creo que en la actualidad están divididas por piezas. No obstante antes de mi marcha planteé al CGPJ dividir la causa de loscCursos de formación en el plan estratégico que me pidió para abordar la conclusión en determinados plazos de las diferentes macrocausas. También propuse antes de la reforma aludida de la Ley de Enjuiciamiento Criminal separar de la causa de los ERE el tema de los sindicatos y las mediadoras.

[Lee nuestro editorial sobre las declaraciones de Alaya]