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CASO MADEJA

Las mordidas de Fitonovo sentarán en el banquillo a cuatro exediles del Ayuntamiento de Sevilla

Los comunistas Torrijos y García, el socialista Gómez Lobo y el popular Joaquín Peña serán procesados por este escándalo junto con varios asesores

La Guardia Civil en la sede de Fitonovo JUAN FLORES

ALBERTO GARCÍA REYES

Las mordidas que pagaba la empresa sevillana Fitonovo a responsables políticos y funcionarios para obtener a cambio contratos de la Administración sentará en el banquillo a 66 personas, 17 de ellas relacionadas directamente con el Ayuntamiento de Sevilla , donde serán procesados cuatro exconcejales de tres partidos distintos y varios asesores políticos. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata , que se hizo cargo del caso cuando la juez Mercedes Alaya descubrió que la trama no sólo se daba en Sevilla, sino en otras muchas provincias de España, ha hecho cinco piezas separadas del llamado caso Madeja o Fitonovo sobre la adjudicación irregular de contratos públicos a esta empresa a cambio de sobornos.

En el auto de procesamiento, el juez afirma que la dirección de Fitonovo «creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando además una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos».

De la Mata añade que estas personas crearon una trama para acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, lo que causó un «grave daño al interés publico» y «un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama».

El «modus operandi»

El «modus operandi» de Fitonovo se descubrió gracias a la investigación del concurso de los suelos de Mercasevilla , cuya sentencia ha absuelto recientemente a todos los acusados. En esta instrucción, la juez Alaya ordenó a la Guardia Civil investigar el posible incremento patrimonial ilícito de uno de los implicados, Domingo Enrique Castaño ,asesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín . La UCO percibió inmediatamente que Castaño había sido receptor de un coche de la marca Audi que había pagado la citada empresa, dedicada al mantenimiento de zonas verdes y a la colocación de parques infantiles. Eso provocó el registro de Fitonovo, donde apareció una «contabilidad B» con todas las mordidas. Tras cruzar esos datos con los contratos que había ganado la compañía, la Guardia Civil comprobó que coincidían, por lo que se precipitó la llamada «Operación Madeja».

En la pieza dedicada al Ayuntamiento de Sevilla, el juez ha propuesto procesar por delitos de prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a 19 personas. Por el PSOE irán el exconcejal Manuel Gómez Lobo , por la adjudicación de juegos infantiles a cambio de dádivas; el asesor Castaño junto con su esposa , a quienes se les imputan unas comisiones que suman 303.458 euros; el exedil popular Joaquín Peña por el macrocontrato adjudicado a la empresa investigada «a través de la influencia que sobre él ejercía Carlos Alfonso Lozano », de la empresa Albaba; los comunistas Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García por el cobro de 155.000 euros a cambio de adjudicaciones como la rehabilitación de un pabellón deportivo o la ejecución de once pistas de césped artificial; y el asesor de IU Antonio Miguel Ruiz , que según el auto fue quien le requirió al empresario el pago de las comisiones «para la campaña electoral» de 2011, produciéndose un primer abono de 70.000 euros «en una caja de zapatos» el 30 de marzo de 2010 y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011.

Gracias a estas prácticas, Fitonovo habría obtenido una treintena de contratos públicos del Ayuntamiento de Sevilla por valor de casi 70 millones de euros. Para poder llevar a cabo el pago de dádivas, la empresa «tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un gran número de proveedores» para poder hacer dinero negro . Pero no era este el único método seguido. Según relata el auto, Fitonovo también engordaba las facturas con la administración para poder pagar a los funcionarios. En todo caso, la trama pone en evidencia la corrupción que hubo en el Ayuntamiento de Sevilla hasta el año 2011, fecha en la que estalló el escándalo .

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