Entrada a Mercasevilla, mercado mayorista situado junto a la A-92
Entrada a Mercasevilla, mercado mayorista situado junto a la A-92 - JESÚS SPÍNOLA

Una nueva reclamación de Sando lleva al límite de su supervivencia a Mercasevilla

La promotora exigirá que le devuelva 7 millones que le entregó para ejercer la opción de compra de los suelos, contrato que expira el 23 de febrero

SEVILLAActualizado:

La situación económica de Mercasevilla se complica conforme avanzan los plazos. La empresa —participada en un 51% por el Ayuntamiento, un 48% por Mercasa y un 1% por los mayoristas— tendrá que hacer frente a finales de febrero a la devolución a Sando de los 7 millones de euros que le entregó la promotora para ejercer la opción de compra de los suelos de la lonja. La promotora reclamará esa cantidad al mercado mayorista porque no ha puesto a su disposición esos terrenos. Además de esos 7 millones de euros, Mercasevilla tiene que abonar a Sando unos 13 millones de euros por incumplir un contrato de venta de parcelas para construir naves dentro del mercado. Mercasevilla pide a Sando tiempo para conseguir dinero pero los plazos se agotan para el mercado, ya que el 23 de febrero expira el plazo del contrato de la opción de compra de los suelos y a mediados de abril acaba el periodo del preconcurso, tiempo en el que estará blindada frente al embargo de cuentas e ingresos que ha anunciado Sando para cobrarse el dinero que le debe. Si no lograr restablecer su situación patrimonial antes de esa fecha, Mercasevilla se vería obligada a pedir el concurso.

Desde el equipo de gobierno de Juan Espadas, en declaraciones a ABC, se insistió ayer en que «no se contempla en ningún caso la posibilidad de que la empresa del mercado central vaya a liquidación a pesar de los problemas» evidentes. Según las fuentes consultadas, «no hay novedad en un caso que sigue su curso».

El lunes pasado se reunieron responsables de Sando con Carmen Castreño, presidenta de Mercasevilla, y directivos de Mercasa (empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Sepi). En la reunión, la primera que mantiene Sando con el nuevo equipo de gobierno, los responsables del Ayuntamiento y Mercasa pidieron tiempo a Sando para lograr dinero con que pagarle. Si los accionistas de Mercasevilla no inyectan dinero, la empresa entraría en concurso de acreedores y la pondría al borde de la liquidación. La solución se adoptará en el próximo Consejo de Administración de Mercaevilla, que el Ayuntamiento dice que se convocará en breve plazo.

La deuda de Mercasevilla con Sando se eleva a 20 millones de euros: 7 millones de euros que tendría que devolverle en pocas semanas porque la promotora no ha ejercido la opción de compra de los suelos por 106 millones y otros 8,9 millones más los intereses de demora (lo que sumaría unos 13 millones de euros) a los que le condenó la Audiencia a pagar a Sando por incumplir un contrato de cesión de suelo para construir naves porque no contaba con suministro eléctrico.

A ello se suma que el Juzgado de Instrucción 6 estableció que Mercasevilla era responsable civil subsidiaria de Fernando Mellet, antiguo director de la lonja, por lo que tuvo que provisionar 1,6 millones para hacer frente a la fianza que se le exigía al directivo.

En noviembre pasado, el Gobierno municipal aprobó una modificación presupuestaria de 5,3 millones para inyectar dinero a Mercasevilla. Por su parte, Mercasa tendrá que hacer lo mismo, aunque el procedimiento es más complejo porque su accionista, la Sepi, tiene que dar antes el visto bueno. Además, el Ayuntamiento pretende en 2016 comprar el 1% de Mercasevilla a los mayoristas por 3,5 millones y transferirle 11,6 millones de euros al mercado.

Y por si fuera poco, en septiembre próximo el juzgado de lo Penal 13 de Sevilla enjuiciará el caso de las presuntas irregularidades en la venta de esos suelos, en el que están procesadas diez personas, entre ellas el exportavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, y el exasesor del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros.

La juez Alaya halló indicios de prevaricación, fraude y delito societario en la adjudicación en concurso público de la opción de compra de los suelos a Sando, que ofreció 106 millones frente a los 158 millones que ofertó Noga. Alaya indicó que hubo un concierto previo entre cargos públicos, técnicos y empresarios para adjudicar suelos.