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Nuevo tipo de mordida: la empresa que gana el concurso contrata a familiares del político

Varios de los imputados en la trama de pago de comisiones de Fitonovo tenían a parientes suyos trabajando en la compañía. Y todos entraron a trabajar allí después de la adjudicación de grandes concursos por parte de sus familiares

El asesor de Torrijos, Antonio Miguel Ruiz Carmona (en la imagen) tenía a su hijo trabajando en Fitonovo ABC

Alberto García Reyes

Las comisiones que Fitonovo y su red de empresas pagaban a los políticos que supuestamente accedían a amañar concursos públicos para adjudicarles contratos no sólo eran en metálico. El juez De la Mata también investiga otra fórmula muy llamativa y que se repite en varios casos: la contratación de familiares de estos cargos públicos por parte de la contratista. En esta situación se encuentran varios de los imputados, sobre todo los de la rama sevillana. Un hijo de Manuel Gómez Lobo , por ejemplo, trabajó durante siete años en Fitonovo coincidiendo en las fechas con las adjudicaciones que él mismo le daba. Era técnico de riego y permaneció en la compañía hasta 2013, estando ya su padre imputado por este asunto. Pero no es el único caso.

El asesor de Antonio Rodrigo Torrijos en la primera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento hasta 2011, Antonio Miguel Ruiz Carmona , acusado de cobrar supuestamente 155.000 euros en mordidas, también tenía a su hijo trabajando en esta sociedad como mecánico. La propia cuenta de la red social Facebook de este joven lo reconocía en su biografía, aunque poco después de saltar el escándalo este dato fue suprimido.

Este asesor de Torrijos era concretamente subjefe de gabinete y estaba muy relacionado con el sector de la construcción, razón por la que tenía buenos contactos con Fitonovo. Además, Ruiz Carmona representaba a la empresa Gestiona Ecosostenibilidad , de la que entregó tarjetas de visita con el número de teléfono oficial que había adquirido al ingresar en el Ayuntamiento. Esta empresa, por cierto, consiguió contratos directos de las delegaciones gobernadas por IU por un importe total de 1,7 millones de euros entre 2007 y 2011 y en 2010 gestionó la obra de la sede de IU en Amate.

Todas estas relaciones están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en una pieza en la que hay un centenar de imputados de distintas partes de España y de varios partidos políticos, aunque el núcleo de la trama se centra en Sevilla, donde tiene su sede la empresa y donde logró los contratos más suculentos en su etapa de expansión.

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