El precio deja de ser el criterio principal para adjudicar contratos municipales en Sevilla

Una de las principales bazas políticas, hasta ideológicas, del gobierno municipal socialista tiene ya vía libre. La junta de gobierno del Ayuntamiento sevillano aprobó ayer el texto definitivo de las cláusulas sociales para los contratos públicos . Éstas están destinadas a ser incorporadas a los pliegos de las contrataciones del Consistorio y también sus entes y organismos autónomos, tal y como destacó ayer el concejal de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores . A partir de ahora, la unidades de contratación municipales contarán con un «periodo de adaptación» de tres meses, hasta que rija plenamente la aplicación de estas estipulaciones. Pero irán introduciéndose en el proceso de contratación desde este lunes.

Las cláusulas se centran, fundamentalmente, en dar mayores puntuaciones para acceder a los contratos municipales a empresas que favorezcan la calidad en el empleo, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad, principalmente. Esos son los cuatro ejes del texto que se ha confeccionado, de hecho. Aunque se tendrá en cuenta en cuenta el precio dado por la compañía para ejecutar una obra, como es obvio, el coste ya no será el elemento principal de baremación , sino que se puntuará la contratación de personas en exclusión social o en riesgo de estar en esa situación, parados de larga duración ; el hecho de contar con planes de igualdad; que se tenga en cuenta la conciliación laboral; el nivel de estabilidad de las plantillas; el cumplimiento del convenio colectivo; o la promoción del lenguaje no sexista, por ejemplo. También se valorará, entre otros aspectos, la sostenibilidad de la empresa, esto es, si se poseen certificados energéticos y de calidad , el uso de energías renovables, la gestión verde de los residuos o el uso de determinados productos químicos.

El texto inicial de las que se han denominado «directrices de contratación pública responsable», como precisaba ayer el concejal de esta área social, ha sido sometido a un proceso de participación en el que el contenido inicial, que queda conservado en su integridad, «se ha visto enriquecido con las aportaciones o sugerencias» de fuerzas políticas como Participa Sevilla e IU -los dos socios de investidura del alcalde, Juan Espadas, que precisamente exigían este tipo de cláusulas para dar ese apoyo-, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos o los cooperativistas de Faecta, mediando reuniones con agentes sociales como la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Cámara de Comercio , por ejemplo. Esta última se ofreció incluso para colaborar en algunos aspectos. Pese a las reticencias iniciales, se ha aceptado por parte de los empresarios -que frenaron en seco un intento parecido en el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín y Antonio Rodrigo Torrijos - todo aquello que la Secretaría del ayuntamiento y el equipo técnico incluyeron como competencias municipales.

Fruto de dicho proceso participativo, según Flores, tales aportaciones han sido incorporadas al preámbulo de las directrices de contratación pública responsable» o directamente a sus aspectos normativos. «Hemos llegado al máximo que permiten las normativas» , defendió Flores. Se conformará una comisión de seguimiento, de carácter técnico, para supervisar y comprobar «la implantación y desarrollo» de las nuevas cláusulas.