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El rector de la US pide perdón y dice que se reunirá ahora con las víctimas del catedrático

Miguel Ángel Castro defiende la actuación de la US en la gestión del escándalo del docente condenado por abusos

El rector de la universidad a su llegada a la rueda de prensa Raúl Doblado

SILVIA TUBIO

¿Actuó con diligencia la Universidad de Sevilla cuando supo que tenía en su plantilla a un presunto abusador, ahora condenado? Ésa era una de las cuestiones que flotaban en el ambiente de la rueda de prensa ofrecida ayer por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, al tercer día de haber saltado la noticia de la sentencia contra el catedrático y exdecano de la facultad de Ciencias de la Educación, Santiago Romero .

Castro empezó su comparecencia ante numerosos periodistas admitiendo, en primer lugar, que la institución no había sido rápida en la respuesta a la grave noticia de la condena por abusos sexuales de un miembro de la comunidad universitaria. El primer comunicado, definiendo la sentencia del juzgado de lo Penal 2 de supuesta, se produjo un día después de conocerse que Santiago Romero había sido sentenciado a siete años y nueve meses por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria.

Lo siguiente que hizo ayer el rector fue pedir perdón ante un nutrido ramillete de micrófonos por los hechos cometidos por «uno de los nuestros»: «La repulsa es máxima y lamentamos lo que le ha ocurrido a nuestras compañeras, a las que les ofrecemos todo nuestro apoyo». Miguel Ángel Castro se comprometió a recibir a las profesoras. Sería el primer gesto que tiene el actual equipo rectoral con ellas.

Desde la oficina del actual consejero Ramírez de Arellano , que ostentaba el cargo cuando ya había un procedimiento judicial contra el catedrático, aseguran que nada más llegar al cargo, el exrector las recibió y articuló las primeras medidas «que estaban en su mano» para proteger a las víctimas. Niegan así, que el trato que dispensó la Universidad durante esa etapa fuera «simétrico» con las profesoras como aseguró Miguel Ángel Castro.

La Universidad se escuda en que elevó la denuncia de las profesoras a la Justicia y se vio obligado a paralizar el expediente disciplinario

Seis años después de la denuncia, Santiago Romero acaba de ser suspendido temporalmente y no podrá ir a trabajar ni entrar en la facultad de Ciencias de la Educación donde impartía clases hasta el lunes. A pesar de esa sanción temporal, no verá una merma importante en sus emolumentos . Según ha confirmado el rector, el catedrático sólo perderá el 25% de su salario como marca la ley. La resolución definitiva del expediente puede conllevar la expulsión y la pérdida definitiva del empleo y el sueldo, pero el rector no ha aclarado cuánto tiempo puede durar esta fase transitoria.

Destino bien distinto han tenido las víctimas: la becaria abandonó la carrera docente y las dos profesoras tuvieron que leer sus tesis fuera de la Universidad de Sevilla.

A pesar de todo, el rector defendió la actuación que ha tenido la institución a lo largo del procedimiento, asegurando que abrieron expediente (una información reservada) a Romero Granados tan pronto les llegó la denuncia de las docentes en noviembre de 2010. Un procedimiento disciplinario , que según le ha informado el servicio jurídico, tuvieron que suspender cuando elevaron la denuncia a la Justicia en enero de 2011. Una decisión que se acordó siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos de la US. Fuentes judiciales consultadas por ABC confirman que el reglamento disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, recoge la posibilidad de la suspensión temporal nada más abrirse el expediente. Algo que no ocurrió con Romero Granados, quien tenía compañeros que llegaron a firmar un manifiesto en su defensa y han declarado a su favor.

Investigar los apoyos que recibió el catedrático

Sobre esos apoyos explícitos y como hubo docentes que colaboraron con el condenado para aislar a las víctimas, según recoge en su sentencia el juez, el actual rector aseguraba que no tenía conocimiento pero que lo investigará.

En varias ocasiones durante la rueda de prensa, Castro lamentó «la lentitud» de la Justicia en resolver el asunto, apoyándose en esa circunstancia para justificar que no hubieran podido actuar de manera tajante contra el docente. «En seis años, los que de verdad saben de leyes, que son los jueces, no han hecho nada».

Miguel Ángel Castro pasó de puntillas por cuestiones delicadas y no aclaró qué va a hacer la Universidad con respecto a la condena impuesta por el juzgado de lo Penal 2, que le obliga a pagar las indemnizaciones de las víctimas, cuantificadas en 110.000 euros, como responsable civil subsidiario. «La sensibilidad y la prioridad ahora está con las víctimas».

Uno de los aspectos más escandalosos es la cooperación que tuvo el catedrático en algunos compañeros

Sobre qué medidas adoptó la institución hasta que se ha celebrado el juicio y se ha dictado condena, el rector defendió que la Universidad sí llevó a cabo algunas como el alejamiento del condenado y las víctimas para que desarrollaran por separado sus programaciones docentes o la división física de la sede del departamento donde trabajaban. Sin embargo, sobre la aplicación de acciones más drásticas como la suspensión temporal , el rector se escudó en los servicios jurídicos: «Desconozco si era posible, es lo que nos han indicado los servicios jurídicos».

La representación legal de dos de las tres víctimas ha anunciado que se sopesa recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial en lo tocante a la indemnización marcada. Según han informado a la agencia Europa Press, las mujeres sí se dan en principio por satisfechas con la condena penal; si bien en los diez días hábiles marcados para recurrir la sentencia estudiarán si hacerlo respecto a las cifras marcadas por el juez, al considerar que podrían ser insuficientes . De las tres víctimas, dos deberán recibir 30.000 euros cada una y la tercera, 50.000.

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