Sucesos

Seis policías de la Macarena, investigados por cohecho, piden la reincorporación en el cuerpo

La Guardia Civil no puede analizar la prueba esencial del caso, un vídeo de la presunta extorsión a unos comerciantes

Uno de los fotogramas del vídeo que Asuntos Internos incluyó en su informe y donde aparecen varios funcionarios
Uno de los fotogramas del vídeo que Asuntos Internos incluyó en su informe y donde aparecen varios funcionarios - ABC
SILVIA TUBIO - @latubio Sevilla - Actualizado: Guardado en: Sevilla

Seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía, destinados en la comisaría del distrito Macarena, llevan desde agosto de 2015 apartados del servicio por su supuesta implicación en la extorsión de comerciantes que venden tabaco de contrabando. Una pareja de rumanos, que regentan una tienda de alimentación en la Ronda de Pío XXII, los denunció en 2015 y aportó como prueba las grabaciones de las cámaras de seguridad de su establecimiento.

Más de un año y medio después, el caso apenas ha avanzado en el juzgado de Instrucción y los seis funcionarios han reclamado en varias ocasiones la reincorporación en sus puestos de trabajo hasta que se resuelva el procedimiento. En el último recurso enviado a la Dirección General apelaban al déficit de personal que padece la plantilla del Cuerpo Nacional en Sevilla y la necesidad de agentes.

Sin embargo, ni ese argumento ha prosperado ni tampoco el de la crítica situación económica por la que dicen atravesar debido al recorte sustancial de su nómina. Uno de los agentes investigados relata a ABC que ha tenido que echar mano de trabajos esporádicos y sin contrato, como peonadas en el campo, para poder «llevar algo de dinero a su casa». Afirma que están deseando que la instrucción concluya y «se celebre juicio». Está convencido que podrán demostrar su inocencia como el resto de sus compañeros.

Los investigados han apelado a la falta de agentes en Sevilla para convencer a la Dirección General

Las diligencias que tramita el juzgado de Instrucción 1 de Sevilla apenas han avanzado desde que ABC destapara este supuesto caso de corrupción policial en octubre de 2015. La prueba fundamental, sobre la que gira el asunto, son las grabaciones que aportan los comerciantes, con antecedentes por contrabando de tabaco. Sin embargo, este material no ha podido ser analizado casi dos años después de la denuncia original.

Una providencia de la instructora, fechada el pasado enero, informaba que el Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil, a quien le habían encomendado el análisis de los vídeos, no puede extraer las imágenes del disco original porque carecen del software necesario. Esta incidencia ha agotado la paciencia de los agentes, que denuncian estar «cumpliendo una condena sin sentencia». Además de la suspensión cautelar, tienen una orden de alejamiento que les impiden acercarse a las presuntas víctimas. «Que nos manden a otro distrito, a donde sea, pero que nos dejen trabajar porque esto es insoportable».

Represalias hacia el Grupo III

La pareja denunciante sostiene que el 19 de mayo de 2015, los seis agentes realizaron una inspección en su tienda de la que se llevaron 17.350 euros en metálico y varios cartones de tabaco sin levantar acta. Antes de irse afirman que les pidieron 10.000 euros para no denunciarlos y finalmente aceptaron 5.000 a cambio de hacer la vista gorda.

Se da la circunstancia que este comercio ha sido investigado y denunciado en reiteradas ocasiones tanto por Policía Nacional como por Guardia Civil por tratarse de un punto negro del contrabando en la ciudad.

Las declaraciones vertidas contra los agentes son la base de una investigación interna, bautizada como «Operación Dani», en la que Asuntos Internos concluyó que había indicios de delito en la actuación de los agentes.

Dos de los seis funcionarios investigados muestran una versión completamente distinta a este periódico. Ellos y otros dos compañeros investigados conformaban un grupo operativo de seguridad ciudadana del distrito que «estaba obteniendo muy buenos resultados y eso molestaba a más de uno», afirma uno de los agentes investigados.

«El grupo III ya era conocido porque estábamos cogiendo droga, tabaco de contrabando y estábamos dejando en evidencia a más de uno». En un momento dado, este agente detiene su relato y admite que «puede sonar a la película» (en referencia a la afamada Grupo 7), pero no desiste y continúa. Durante la investigación interna la Policía les pinchó los teléfonos y estudiaron al detalle sus economías. «No encontraron nada porque no hay nada».

El acta enmendada

Sobre la prueba que les llevó a estar investigados, lamentan que la juez y la fiscal no hayan podido ver el vídeo al completo. Señalan que no aparece en ningún momento que se lleven dinero. «No pudimos aprehenderlo porque no había tabaco de contrabando que constituyera delito».

Sí admiten que hay un instante que genera controversia y es cuando uno de los funcionarios que va de paisano se guarda un sobre con dinero en el bolsillo trasero del pantalón. «El dinero que recogimos lo entregamos al marido de la dueña de la tienda en la puerta». No hay imágenes de ese momento porque no hay cámaras que enfocaran desde el interior a la puerta.

Los investigados presentaron a la mañana siguiente de los hechos que se investigan un acta con el tabaco incautado. El documento presenta un tachón, que los implicados justifican como un error sin importancia; mientras que Asuntos Internos considera que es un indicio de que alteraron el informe para quedarse con una parte de la mercancía.

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