Sevilla

El Servicio Andaluz de Salud, acusación particular en el caso del accidente del ascensor del Hospital de Valme

Así lo ha asegurado este miércoles la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Pleno del Parlamento

La consejera de Salud de la Junta, Marina Álvarez, este miércoles en el Parlamento
La consejera de Salud de la Junta, Marina Álvarez, este miércoles en el Parlamento - RAÚL DOBLADO
MARTÍN LAÍNEZ Sevilla - Actualizado: Guardado en: Sevilla

Las primeras consecuencias políticas del accidente registrado el pasado 20 de agosto en un ascensor del hospital Valme y en el que falleció una joven de 25 años que era trasladada de una planta a otra tras dar a luz a su tercer hijo se produjeron ayer en el Parlamento de Andalucía.

Durante el transcurso de su comparecencia en el Pleno de la Cámara, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, anunció que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido personarse como acusación particular en la causa abierta por este trágico suceso.

Durante su intervención, la consejera del ramo desgranó los pasos seguidos por su consejería desde el mismo día del accidente. Así, Álvarez comentó que «existen diligencias abiertas en el Juzgado número 1 de Sevilla, hemos colaborado con la máxima garantía, objetividad y transparencia y además hemos decidido que el Servicio Andaluz de Salud se persone como acusación particular».

Acerca de la actuación tanto del equipo directivo del hospital como del equipo de guardia que ese día estaba trabajando en el citado centro hospitalario, la consejera comentó que «horas después del accidente, se estableció un dispositivo de ayuda a la familia, que actuó durante toda la tarde del domingo. Quiero trasladar el reconocimiento a los profesionales del hospital de Valme y a su equipo directivo por la respuesta que tuvieron en una situación tan dura».

Además, la propia consejera, después de las intervenciones del resto de los grupos parlamentarios y ante las acusaciones de que la Junta había actuado tarde, comunicó a la Cámara que ella misma estuvo apoyando a los familiares. «Yo misma el día del accidente fui al hospital y me senté con la familia para ponerme a disposición de ellos e incluso les di mi teléfono para que se comunicaran conmigo para cualquier duda y así lo hicieron en alguna ocasión. Además, les dimos el teléfono de la gerente del hospital», señaló.

En cuanto a las críticas recibidas en torno a las revisiones del citado ascensor, la consejera andaluza dejó claro que «todas las revisiones están en regla. La ley nos obliga a suscribir un contrato de mantenimiento, en este caso con la empresa Orona, para una revisión mensual. La última fue ocho días antes del accidente. Y además, cada dos años los ascensores se revisan por parte de otra empresa ajena a la empresa mantenedora. La responsabilidad del hospital es hacer cumplir que todas las revisiones estén al día».

La consejera aseguró además que el accidente no se produjo ni por ahorro ni por recortes y que los 1.116 ascensores del SAS cumplen la normativa: «Somos los más interesados en conocer qué ha pasado y en depurar responsabilidades».

Turno para la oposición

El primer grupo que tomó la palabra tras la primera intervención de la consejera de Sanidad fue el de Izquierda Unida. La portavoz adjunta Inmaculada Nieto relacionó los hechos con los recortes presupuestarios.

«Se trata de algo trágico, pero no descartable en cuanto que es una consecuencia de dedicisiones políticas marcadas por un criterio de ahorro que tiene su plasmación en el mantenimiento de las instalaciones en todos los hospitales y centros sanitarios de Andalucía. Un servicio prestado por la mitad de lo que cuesta puede traer consecuencias como esta desgracia», argumentó.

Por su parte, María Isabel Albás, de Ciudadanos, dijo que «creemos que es de justicia saber qué ha pasado por la memoria de Rocío, por su familia y sus amigos, y si hay responsables, estos deberán correr con esa responsabilidad. Le pedimos al gobierno andaluz que atienda a esos hijos y su familia para poder compensar o ayudarles para que lleven una vida d elo más normal posible».

Juan Antonio Gil de los Santos, del grupo parlamentario de Podemos, se preguntó durante su alocución si «el tipo de revisión fue la adecuada, si fue una revisión rutinaria y si las piezas que estaban dañadas durante la última revisión fueron sustituidas».

En el turno del grupo popular fue Patricia del Pozo quien realizó un discurso más crítico hacia la actuación de la Junta. En su opinión, «es una vergüenza que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tardara nueve días en pronunciarse sobre el tema, aunque lo que hizo fue cargar contra la oposición y no ponerse a disposición d ela Junta».

«Lo siento en el alma, pero me siento abochornadadel comportamiento humano de este gobierno; ¿saben acaso cómo se llaman los padres de Rocío? Están a tiempo ahora y tienen la obligación de sentarse con esa familia y ocuparse de que a esas tres niñas no les falte nada ni ahora ni el futuro», comentó Del Pozo.

Francisco José Vargas, en representación de los socialistas andaluces pidió «estar a la altura de nuestras responsabilidades como políticos y no alimentar las especulaciones cuando el interés debe ser el de esclarecer los hechos causantes lo antes posible. Hasta ahora no hemos hecho declaraciones para no entrar en el ruin juego que algunos partidos ha hecho con este tema», en referencia a la intervención de Patricia del Pozo.

El padre de Rocío estuvo presente

El padre de Rocío estuvo sentado junto a otros familiares, en la tribuna de invitados del Parlamento. Estaba previsto que hablase con los medios después de la comparecencia de la consejera pero ni siquiera esperó a que terminase el debate. Se levantó y se fue rápidamente y, según parece, bastante enfadado. El líder andaluz del Partido Popular, Juanma Moreno, fue el único político que se acercó a hablar con este hombre, aunque lo hizo breves minutos, si bien todos le dieron el pésame.

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