Política climática

El Gobierno fijará su meta de renovables a 2030 antes de que termine el año

Medio Ambiente quiere que el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático llegue al Congreso con «el consenso de todos los grupos»

El Gobierno fijará su meta de renovables a 2030 antes de que termine el año

El Gobierno trabaja en estos momentos en los objetivos a 2030 de generación de energías renovables y eficiencia energética para cumplir así con los plazos marcados por la Comisión Europea con el fin de responder a los compromisos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Así lo avanzó la directora de la oficina climática del Gobierno, Valvanera Ulargui, quien aseguró que estarán definidos antes de que termine el año.

Durante la inauguración de un foro sobre los retos para España y el mundo del Acuerdo de París, organizado por la Fundación Alternativas, Ulargui explicó que estos objetivos quedarán recogidos en el Plan de Clima y Energía, cuyo borrador presentarán a la Comisión Europea antes de que acabe el año. Después, la CE deberá comprobar que los objetivos nacionales en renovables y eficiencia de todos los Estados miembros suman un aumento del 27% y del 30%, respectivamente, que es el objetivo conjunto de la UE en esos sectores.

Al no haber marcado un mínimo por país, habrá países con objetivos muy ambiciosos que ayuden a alcanzar la meta conjunta aunque otros apenas hayan contribuido a la misma. Se da por hecho que España fijará un objetivo por encima de la media europea, aunque Ulargui no quiso avanzar ninguna cifra.

La meta en cuanto a la reducción de emisiones sí fue fijada por Europa, y en ese reparto España tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 26% en 2030, casi el triple que el objetivo del 10% que tenemos para 2020. En cuanto a la generación de renovables, el objetivo a 2020 que actualmente tiene que cumplir nuestro país es del 20%.

Máximo consenso

En coherencia con los objetivos que recoja el Plan de Clima y Energía estará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno se ha comprometido a elaborar, y en cuyo anteproyecto ya trabaja un grupo interministerial.

Además, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático ha explicado que el Gobierno organizará una conferencia en mayo para consensuar los esfuerzos que deben hacer los diferentes sectores (energía, industria, agricultura, transporte y ciudades), y posteriormente iniciará consultas con los grupos políticos para que el anteproyecto llegue al Congreso con «el consenso de todos los grupos». El Gobierno también elaborará una estrategia de descarbonización a 2050, «una herramienta que se pondrá en marcha a medida que vayamos avanzando con la ley», matiza Ulargui.

En este sentido, el comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, quien intervino por videoconferencia, dijo que la transición hacia una economía baja en carbono es «inevitable» y que la UE «está comprometida con un entorno regulatorio estable y predecible» para que las inversiones se dirijan a tecnologías que faciliten la descarbonización, al tiempo que el mercado europeo puede beneficiarse de la exportación de estas tecnologías limpias a otros países.

Por su parte, la directora para el Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, Teresa Ribera, dijo que España «debe introducir el factor climático en todas sus decisiones y superar algunas contradicciones», como el mantenimiento de las ayudas al carbón.

Amparo de la justicia

En la misma línea abundó durante su intervención Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife: «Llevamos décadas de inacción, incoherencias y contradicciones que los dos poderes -legislativo y ejecutivo- que deberían haber estado haciendo algo para proteger a los ciudadanos del cambio climático. En lugar de eso se genera inseguridad jurídica porque no tenemos regulaciones claras y tampoco estamos apoyando a las tecnologías para combatir el cambio climático».

En este sentido, Ruiz recordó el caso de Holanda, donde en junio de 2015 un tribunal de La Haya falló en contra del Gobierno por inacción frente al cambio climático. «Sería lamentable que los ciudadanos tengamos que acudir al único poder que nos queda, el judicial, para pedir protección frente al cambio climático», aseguró.

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