Sábado, 27-12-08
JOSÉ CEJUDO
SEVILLA. Boliden Apirsa, propietaria de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) donde en la madrugada del 25 de abril de 1998 se originó una catástrofe ecológica al romperse una gigantesca balsa de lodos tóxicos, presentó suspensión de pagos por quiebra (actualmente se denomina situación concursal) en febrero de 2005.
Sin embargo, la empresa matriz, radicada en Suecia, recibió en octubre de ese año una factura por la que abonó en marzo de 2006 un trabajo de peritaje sobre la balsa de Aznalcóllar a favor de la Fundación Gómez Pardo, dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid, y realizado por Ramón Álvarez Rodríguez, subdirector de la Escuela de Minas.
Este dato puede ser de gran importancia en el contexto de la batalla judicial que la Junta de Andalucía emprendió en su día contra Boliden para exigirle el abono de los gastos que produjeron las tareas de limpieza tras el vertido contaminante, un total de 90 millones de euros.
Responsabilidades
Según la tesis de la Administración, la responsabilidad no se tiene que limitar a la filial de Aznalcóllar (en quiebra) , sino que debe asumirla en última instancia la compañía matriz. De momento, y a la espera de una sentencia definitiva, así lo entienden también el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla y la Justicia sueca.
La factura que demuestra que la empresa matriz de Boliden ha realizado pagos por trabajos relacionados con el vertido de la mina de Aznalcóllar meses depués de la quiebra de su filial la ha desvelado el Ingeniero de Minas y criminólogo, Miguel Ángel Gallardo.
Este último mantiene un contencioso legal contra el autor del peritaje, Ramón Álvarez Rodríguez, al que denunció ante el Tribunal de Defensa de la Competencia por considerar que su condición de funcionario con dedicación completa le imposibilita para trabajar con cargo a una empresa privada envuelta en un conflicto judicial.
Según Gallardo, los funcionarios que ejerzan como peritos deben estar a disposición del Juzgado, pero no de las partes de un litigio, máxime si una de ellas es la Administración. Álvarez Rodríguez, a su vez, tiene demandado a Gallardo por intromisión en su honor.

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