El proceso judicial es largo y complejo. Primero porque se trata de dos vías abiertas que van por caminos paralelos y sólo coincidentes en el tiempo en que se han puesto las denuncias. Para refrescar la memoria diré que por una parte está de la denuncia contra el arquitecto Alberto Martín Caballero por presuntos abusos sexuales a una menor. La juez que denegó la orden de alejamiento familiar que su mujer Lydia Bosch solicitó sí aceptó sin embargo que se abrieran diligencias con el fin de estudiar si llevaba el caso a juicio o archivaba esa denuncia. De momento me consta que se están practicando esas diligencias, que varias personas han declarado y que la menor está siendo sometida a un informe psicológico ordenado por la juez cuya conclusión será muy determinante para valorar si hay caso abierto o un sobreseimiento.
Por la vía civil estaba el proceso de las medidas provisionales hasta que llegue el juicio del divorcio y digo estaba porque ayer por la mañana por fin llegó el auto del juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón donde se ratifica el informe presentado por el Ministerio Fiscal según el cual se otorga la guardia y custodia de los dos hijos habidos del matrimonio para Lydia Bosch así como el uso del domicilio familiar (una casa en La Finca de Somosaguas) y una pensión mensual de 7.500 euros que tendrá que abonarle Martín Caballero para hacer frente a los gastos de los hijos así como parte de los originados para el mantenimiento de la vivienda. Este auto no admite recurso y serán las medidas que el matrimonio adopte desde ayer y hasta que haya sentencia firme en el juicio de su divorcio. Ahora hay treinta días para que los abogados de ambas partes tengan una vista ante el juez que será quien fije la fecha del juicio ya seguro para después de vacaciones.
Ayer la actriz estaba contenta y relajada tras comprobar cómo el juez le daba la custodia de sus hijos, para ella lo más importante de todo este proceso. «Para Lydia lo importante es que sus hijos estarán con ella», me apunta su representante.
En cuanto a su marido Martín Caballero desde el gabinete de comunicación que lleva sus asuntos me aseguran que ha acatado el auto «con satisfacción puesto que es un documento de diez páginas muy riguroso y lleno de matices». El régimen de visitas incluye que las vacaciones se compartirán por la mitad así como otros festivos y que el padre podrá recoger a la salida de clase de los viernes que le corresponda a sus hijos con los que pasará el fin de semana así como las tardes de los miércoles, siempre respetando el horario escolar. Lo que ya no podrá hacer es llevarles todas las mañanas al colegio. «En el auto el juez deja muy claro que los dos están igualmente capacitados para educar a sus hijos y se inclina a favor de la madre por la edad de los pequeños y porque tiene mayor disponibilidad de tiempo», me dicen desde el gabinete. «El juez explica que no hay razones para restringir el régimen de visitas como pedía la madre sino más bien todo lo contrario porque Alberto se ha adaptado en su trabajo para estar cerca de sus hijos (rechaza la promoción en el extranjero, tiene el despacho muy cerca de la casa, se organiza para estar por las tardes en el domicilio, lleva a los niños al colegio...) e incluso apunta a que si su actitud puede ser más rígida con los niños como alude la madre lo ve como algo bueno que da más equilibrio respecto al trato que tienen con ella», añade.
Y aunque el procedimiento penal va por otros derroteros, en este auto el juez no evita hacer un análisis sobre la denuncia por presuntos abusos a una menor que figura contra Martín Caballero, hechos que según su criterio no tienen por qué afectar al régimen de visitas dado que recuerda que la juez denegó la orden de alejamiento por falta de riesgo, también porque considera que no puede ignorarse que la denuncia por presuntos abusos resulta sospechosa «ratione temporis» al coincidir con un proceso de divorcio a lo que también se añade que Martín Caballero dijera a la policía que había recibido una amenaza tras sus intenciones de luchar por la custodia de sus hijos en su divorcio.
En cuanto a la cuantía económica, los 7.500 euros que marca el juez son menos de lo que la actriz pedía pero más de lo que había informado el fiscal dado que únicamente se centraba en 2.000 euros por niños, tal y como ABC publicó en su día. Los 3.500 que se aladen son para el mantenimiento de la vivienda familiar y coinciden con la aportación que cada uno hacía por separado (puesto que pagaban los gastos a medias). Quiero recordar que las pretensiones económicas de Bosch estaban dividas en dos apartados en tanto en cuanto pedía una cifra mientras viviera en la casa de Somosaguas y otra de menor cuantía una vez vendieran esa casa que compraron a medias y que aún no ha sido puesta en venta. De esto también habla el auto al decir que el uso del domicilio y el ajuar familiar será para la madre y los hijos hasta que se venda la casa, intención que han manifestado hacer sin que haya fechas ni plazos. «El juez no ordena esa venta simplemente recoge algo que se ha dicho en las declaraciones y que es una intención. De momento no se va a hacer nada hasta que haya sentencia del divorcio», me aclara la representante de la actriz.