«Resulta contrario al PGOU que las normas urbanísticas que regulan este plan especial incluyan usos como las industrias incompatibles con el suelo urbano especialmente por su gran consumo de suelo, al resultar esos usos prohibidos para el suelo no urbanizable de especial protección».
Este párrafo corresponde al informe emitido por la Delegación provincial de Obras Públicas el 17 de noviembre de 2005 sobre el plan especial Carretera de Palma del Río. Este informe técnico tumbaba aquel plan que pretendía hacer un traje a medida de las naves de Colecor, en suelo no urbanizable de especial protección.
El mismo recogía la posibilidad de establecer en el ámbito de la antigua lechera usos industriales —hasta 99.411 metros cuadrados con una ocupación máxima de 27.259 metros cuadrados— incompatibles con el suelo urbano por su gran dimensión, el caso de un almacén de venta al por mayor de 40.000 metros cuadrados sobre rasante.
No quedaban ahí los reparos de Obras Públicas, departamento dirigido entonces por Francisco García, hoy en el mismo puesto y como secretario de la Agrupación de Córdoba del PSOE. Los técnicos consideraron «incoherente e inadecuada la superficie reconocida para uso industrial» en el ámbito de Colecor. Esto es, los 99.411 metros cuadrados ya citados con esos límites; lejos de lo que el PGOU recomendaba en la zona: «permanencia de la zona industrial histórica».
Ese informe fue la base de toda la defensa jurídica de la Junta frente al plan especial Carretera de Palma del Río que, como sucedería después con el correspondiente proyecto de actuación para Colecor, acabarían tumbados por el TSJA. En aquel Ayuntamiento, la alcaldesa era Rosa Aguilar, hoy la consejera de Obras Públicas que debe dar el visto bueno a la nueva propuesta de plan del Consistorio donde se extiende el uso industrial hasta los 136.000 metros cuadrados y limita el grado de ocupación industrial hasta los 28.560.
Nuevo informe
Cuando Aguilar fue nombrada titular de Obras Públicas y se le preguntó por su papel en la polémica de las naves, su respuesta fue clara: «Seguiré el criterio de la Junta». A pies juntillas, el criterio de la Administración autonómica está en ese informe que rechazó el uso comercial mayorista y que se permitiera sobre tanta superficie los usos industriales. El departamento de Aguilar en Córdoba, que dirige Francisco García, quien el jueves arropó el voto favorable del PSOE a la nueva propuesta de IU, debe ahora volver a informar el plan especial, que abre la puerta al derribo de módulo y medio de naves.
