El PSOE de la capital abrió ayer una notable polémica política en la capital, al denunciar que el Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido contratar para realizar labores de defensa jurídica del consistorio a un despacho de abogados madrileño, cuyos socios están imputados judicialmente en causas relacionadas con las investigaciones por presunta corrupción que se siguen en Baleares contra el ex presidente Jaume Matas.
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de la capital se reunió ayer para aprobar esta contratación del despacho «Entrena y Arnaldo, Estudios Jurídicos y Procesales». Este bufete es propiedad del abogado Ramón Entrena Cuesta, ya jubilado y defensor en su tiempo de numerosos casos del PP, del por otra parte prestigioso profesional Enrique Arnaldo Alcubilla, que fue vocal del CGPJ a propuesta del PP entre 2996 y 2001, y de Mercedes González Estrada Alvarez Montalvo. Se da la circunstancia de que estos dos últimos letrados, Arnaldo y González, están imputados por su relación con Matas. Según las investigaciones judiciales, pagaron al ex presidente balear 31.000 euros por unos servicios que Matas prestó para ellos como captador de clientes, tras su salida del Gobierno regional.
La elección de este despacho de abogados se produce en el marco de un procedimiento negociado sin publicidad que abrió el consistorio arriacense para contratar a una empresa especializada para la defensa de pleitos, una vez que los servicios jurídicos propios del Ayuntamiento se han visto disminuidos por la jubilación de una de sus dos técnico. El contrato con el despacho de Arnaldo asciende a 25.000 euros y llega hasta finales del presente año. No obstante, este mismo despacho ya ha sido contratado por la corporación capitalina, ya que el Equipo de Gobierno decidió encargar a estos profesionales la defensa del consistorio en el contencioso administrativo que en su día interpuso el propio Grupo Socialista, a cuenta del proceso de privatización de la gestión del agua. Este otro contrato asciende a 15.000 euros.
El portavoz socialista, Daniel Jiménez, dijo que la contratación de estos abogados imputados supone un caso de «indecencia política de Román». El PSOE considera que es un contrato «a dedo», por cuanto el procedimiento negociado se ha resuelto pidiendo presupuestos a tres despachos, todos ellos de Madrid -algo también fuertemente criticado por el PSOE- y sólo el finalmente elegido presentó oferta. A juicio de Jiménez, la situación es una «vergüenza». El socialista cree que el alcalde debe ofrecer inmediatas explicaciones, y que «no puede alegar desconocimiento, porque la situación de estos abogados ha salido publicada en medios de comunicación nacionales»
Además, el PSOE asegura que todos los presupuestos pedidos para este trabajo se remitieron a despachos con tradicionales buenas relaciones con el PP. Así, otro de los candidatos era el abogado Pablo Manuel Mayor, ex alto cargo del Ministerio de Fomento en el primer gobierno de José María Aznar. El otro despacho en la puja fue el de Gustavo José de Miguel Márquez.
Una eminencia
Desde el Equipo de Gobierno, el segundo teniente de alcalde, y abogado de profesión, Jaime Carnicero, dijo desconocer la condición de imputados de los abogados, pero recordó que aun siendo así, hay que respetar su presunción de inocencia. Por otro lado, Carnicero defendió la estricta legalidad del procedimiento negociado, y sobre todo, recordó que el abogado Enrique Arnaldo es «una eminencia» y uno de los más prestigiosos profesionales del país en el ámbito del Derecho Administrativo. «Muchos hemos estudiado con sus manuales», aseveró el concejal popular.
