«El sí del PSOE al plan municipal \[que dará cobertura legal a las naves sin licencia de Colecor\] es absoluto, no está condicionado». Despejaban con esta rotundidad las dudas sobre la postura del grupo municipal socialista al polémico documento, toda vez que la Delegación provincial de Obras Públicas aún no ha definido su posición sobre el documento, que contempla el derribo del parte de las naves edificadas por Rafael Gómez.
El nuevo plan especial de la Carretera de Palma del Río, que fue apoyado por IU, PSOE y PP el lunes pasado, tiene truco. Se amplía en superficie hasta los 136.000 metros cuadrados y en todos ellos se permite el uso industrial hasta un límite de ocupación del 21%. En el anterior plan, que fue tumbado por un tribunal, la extensión no llegaba a los 100.000 metros cuadrados.
Aunque la decisión de partida es clara, desde el grupo socialista dejaron ayer de manifiesto que están abiertos a introducir cambios, «a no ser que tengan poca relevancia», basándose en las modificaciones que plantee Obras Públicas cuando dictamine el expediente.
El PSOE municipal estará, por tanto, muy atento a lo que marque la Junta, que recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el plan anterior y el proyecto de actuación de las naves. Y, sobre todo, «si pone en cuestión cómo se han fijado los usos». Con todo, desde el grupo municipal reivindicaron su autonomía para tener una posición independiente de la Junta, aunque «en la medida de lo posible intentaremos atender lo que decida».
El portavoz del PSOE en el Consistorio y primer teniente, Rafael Blanco, ya anticipó, al fijar la posición de su grupo, que estará «pendiente» del informe de la Junta.
Por su parte, el alcalde, Andrés Ocaña, salió ayer en defensa del controvertido plan. «Hemos sido tremendamente respetuosos con lo que dice la Junta de Andalucía», afirmó. Se trata, a su juicio, de un documento «razonable, razonado y ponderado». Con todo, advirtió de que, aunque la Delegación de Obras Públicas tiene que dictaminarlo, «su informe no es vinculante».
De acuerdo con el fallo
Ocaña abogó por «acatar y tener respeto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que establece un arbitraje irrefutable» y tumbó el plan anterior. El alcalde no teme cambios. Argumenta que el plan municipal está en sintonía con lo que dice la Administración que hay que derribar y con lo que hay que conservar.
IU, que lleva semanas manteniendo contactos con la consejera de Obras Públicas y ex alcaldesa, Rosa Aguilar, para intentar definir el «traje legal» de las naves de Colecor. Se ha buscado un término medio entre lo que anunció en primera instancia que podría tirarse (unos diez mil metros cuadrados equivalentes a una nave) y las preferencias de la Administración autonómica y el PSOE, cuyo portavoz planteó derribar la mitad o 20.000 metros cuadrados.
