En los últimos cuatro años, coincidiendo con la expansión del ladrillo —también en los suelos rústicos—, la recaudación por sanciones urbanísticas no superó los 1,5 millones de euros, según los balances de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Córdoba. La cuantía ingresada queda muy lejos de las estimaciones que se recogieron en las sucesivas cuentas municipales entre 2006 y 2009. Así, por ejemplo, en el pasado ejercicio, se consignaron 6,19 millones de euros por este concepto. Sin embargo, apenas se recabó un millón de euros al finalizar el ejercicio.
El desfase no era nuevo. En 2008 ya se observó una brecha importante entre las previsiones, que se mantuvieron invariables al año siguiente, y las cifras reales de cobro. Se ingresaron sólo 501.000 euros.
En 2007, la historia volvió a repetirse. Se partía de una estimación de 7 millones, que al término del ejercicio apenas se situó en 460.000 euros. La situación más llamativa se produjo en 2006, cuando los ingresos reconocidos rondaron los 64.180 euros, mientras había hasta 2 millones de euros en multas pendientes de que se resolvieran en los juzgados.
Advertencias
Al tiempo que se producía esta desproporción entre lo cobrado y lo previsto, la Intervención Municipal de Fondos avisaba en sus informes sobre las cuentas del Consistorio de la necesidad de fijar cifras más acordes con la realidad que se repetía todos los años.
Por otro lado, un reciente informe elaborado por el Órgano de Planificación Presupuestaria puso de manifiesto que la tramitación de multas por obras ilegales le cuesta al Ayuntamiento de Córdoba hasta diez veces más de los ingresos que puede obtener por infracciones urbanísticas.
El documento, que se basaba en un estudio de costes del Servicio de Inspección Urbanística, fue encargado por el delegado municipal de Hacienda, Alfonso Igualada, al objeto de justificar que una parte importante del dinero que recauda por construcciones irregulares se destine a pagar gastos corrientes o de funcionamiento con dudas legales.
Coste del servicio
El informe técnico concluye que toda la burocracia que acarrea la imposición de sanciones urbanísticas le supone un desembolso anual de unos 4,83 millones de euros al Consistorio.
El coste que lleva aparejada la gestión y cobro de las sanciones contrasta con la raquítica cuantía que se recaudó el pasado año. Según los datos de ejecución presupuestaria a fecha del 29 de marzo de 2010 —a punto de cerrar el ejercicio económico de 2009—, el Ayuntamiento cordobés apenas recaudó 479.000 euros de los 6,19 millones de euros que preveía ingresar por este concepto en todo el año.
