El Ayuntamiento de Córdoba meterá la tijera a las horas extraordinarias que realizan los trabajadores municipales y a los contratos eventuales. Los ajustes que emanan del plan «antidéficit» del Gobierno central le obligará a adelgazar los gastos de funcionamiento interno y personal para sanear las arcas municipales, financiar inversiones y reducir la deuda, que roza los 300 millones de euros. La Junta de Gobierno Local ha aprobado ya las primeras rebajas salariales que afectan a la plantilla municipal. Las que repercuten en el bolsillo de los capitulares (concejales y altos cargos) se debatirán mañana en el Pleno.
Tal y como explicó ayer la teniente de alcalde de Recursos Humanos, Victoria Fernández (PSOE), con la puesta en marcha de estas medidas se pretenden ahorrar 5,7 millones de euros. Se suman a las que llevan aplicándose desde el comienzo del mandato debido a los sucesivos planes de saneamiento que ha tenido que aprobar el Consistorio para saldar el desequilibrios financieros.
Las medidas previstas pasan por eliminar las horas extraordinarias —que podrían dedicarse a nuevos contratos—, hacer una provisión de puestos más restrictiva y limitar los pluses e incentivos de productividad. Fernández indicó que se ha solicitado «un esfuerzo importante» a todas las áreas municipales para que ahorren efectivos. Con los ajustes se prevé reducir un 5% el gasto destinado al capítulo de personal, que pasaría de 73,62 a 69,96 millones de euros.
Medidas «insuficientes»
En cuanto a la rebaja salarial se aplicará de forma progresiva dependiendo de la categoría profesional de los trabajadores. Se moverá en una horquilla del 4,48 al 0 por ciento, incluyendo trienios y sueldos.
Por su parte, el delegado de Hacienda, Alfonso Igualada, de Izquierda Unida, tachó las medidas «antidéficit» del Gobierno de «insuficientes», porque no afectan a la fiscalidad de las grandes fortunas o las entidades bancarias y se carga el esfuerzo sobre las rentas más bajas y pensionistas.
Igualada también recordó que el pasado ejercicio se liquidó con un superávit de 190.000 euros y que los ingresos tributarios relacionados con la actividad económica han tocado ya fondo, mientras se mantienen estables la contribución de la vivienda y el impuesto de vehículos.
